La exclusividad y el sosiego que históricamente han definido a La Moraleja se encuentran hoy en «entredicho» según algunos residentes de la lujosa urbanización. La Asociación de Propietarios de La Moraleja ha alzado la voz para manifestar una honda preocupación ante el desarrollo del proyecto Cando Living, una edificación situada en la calle Vereda Norte 6. Lo que en el papel se presenta como una propuesta vanguardista de senior living para mayores de 50 años, orientada al bienestar y la longevidad, es percibido por la comunidad local como una amenaza directa al modelo urbanístico que ha imperado en la zona durante décadas. Bajo un lenguaje sofisticado y amable, los vecinos denuncian la posible implantación de un modelo residencial intensivo que podría alterar irreversiblemente el entorno y la paz de la urbanización.
La inquietud no es infundada, pues el contraste entre la comunicación oficial del complejo y la realidad física de la obra ha generado un clima de desconfianza. Los propietarios advierten que «este tipo de iniciativas, amparadas en terminologías ambiguas, podrían estar ocultando una estrategia de densificación progresiva que no solo compromete la estética del barrio, sino también su operatividad logística y su seguridad jurídica». Para los residentes, la transparencia no es una opción, sino una obligación que parece haberse diluido entre licencias dudosas y promesas de modernidad.
El vacío legal entre la residencia sociosanitaria y el coliving
El origen de la disputa radica en la metamorfosis que ha sufrido el concepto del edificio. Inicialmente, la comunidad entendió que en Vereda Norte 6 se levantaría una residencia de mayores de carácter sociosanitario, una infraestructura que, si bien supone un cambio, se ajustaba a ciertos parámetros de servicio comunitario. Sin embargo, el resultado final apunta hacia una fórmula mucho más imprecisa: una suerte de vivienda colaborativa o coliving. Esta transformación no es un detalle menor, ya que el senior living presuntamente carece actualmente de una definición jurídica clara en el ordenamiento español, lo que abre la puerta a interpretaciones que benefician al promotor pero perjudican el interés vecinal.
Esta falta de encaje legal suscita interrogantes sobre si se ha producido una vulneración de la normativa administrativa. En buena lógica urbanística, si el uso original era sociosanitario y la actividad final es estrictamente residencial bajo un modelo de explotación comercial distinto, debería haberse realizado una revisión completa de la licencia. Los vecinos se preguntan legítimamente si lo que hoy se alza frente a sus casas coincide con lo que el Ayuntamiento de Alcobendas autorizó en primera instancia. La sensación de enfrentarse a hechos consumados es lo que ha llevado a la Asociación de Propietarios a exigir una fiscalización rigurosa de cada metro cuadrado construido.
Sombras del pasado y precedentes en la gestión municipal
Para entender la firmeza de la reacción vecinal, es necesario mirar hacia atrás y recordar episodios que marcaron un antes y un después en la relación con el consistorio. Lo ocurrido con Cando Living no se ve como un hecho aislado, sino como una preocupante reincidencia en formas de entender el urbanismo que ya fueron rechazadas anteriormente. Los residentes evocan con claridad el intento fallido en Camino Sur, donde el actual Gobierno municipal impulsó una operación que generó un escándalo mayúsculo. En aquel entonces, las alarmas saltaron al descubrirse una concesión a más de 50 años, con un único licitante y sin mecanismos de actualización de precios, lo que fue calificado como profundamente lesivo para las arcas públicas.
Aquel proyecto se frenó gracias a la presión social, pero la sombra de aquel modo de proceder planea hoy sobre Vereda Norte. Cuando se repiten dinámicas donde la claridad brilla por su ausencia, los propietarios dejan de creer en las casualidades. La sospecha de que se esté favoreciendo un urbanismo a la carta es el motor de una movilización que busca proteger la esencia de Las Urbanizaciones. El precedente de Camino Sur sirve como recordatorio de que la vigilancia ciudadana es la única barrera eficaz contra decisiones políticas que parecen ignorar el interés general en favor de intereses privados específicos.
La responsabilidad política de Rocío García y el consistorio
En el centro de esta tormenta se encuentran los responsables políticos de Alcobendas. La Asociación de Propietarios señala de forma directa a la alcaldesa, Rocío García, y a la concejal de Urbanizaciones, la señora Capdevila. Bajo su mandato se están autorizando actuaciones que, según los afectados, alteran de forma sustancial el equilibrio de la zona. Se les acusa de permitir que proyectos de gran impacto avancen bajo denominaciones imprecisas o fórmulas «innovadoras» que eluden el rigor técnico que debería exigirse en un área de la sensibilidad de La Moraleja.
La obligación de una administración seria debe ser la de actuar como garante de la legalidad urbanística y defensora de sus ciudadanos, no como facilitadora de proyectos que generan rechazo masivo. Los propietarios exigen saber si este modelo de negocio cuenta con el beneplácito político expreso del Ayuntamiento y por qué se permite una presión urbana que degrada la calidad de vida de quienes sostienen, con sus impuestos y esfuerzos, el mantenimiento de calles, aceras e infraestructuras. El silencio administrativo o las respuestas evasivas solo consiguen aumentar la tensión en una comunidad que se siente desatendida en sus necesidades básicas mientras se priorizan desarrollos especulativos.
Degradación del entorno y desatención de problemas reales
El impacto de Cando Living va mucho más allá de su estructura física; representa un aumento de la presión sobre los servicios, más tráfico en vías ya saturadas y una erosión de la privacidad. Este modelo de vivienda intensiva choca frontalmente con la baja densidad que ha hecho de La Moraleja un referente residencial. Resulta paradójico para los vecinos que, mientras el Ayuntamiento agiliza la llegada de estos complejos, ignore problemas estructurales urgentes que afectan al patrimonio y a la seguridad de la zona. Un ejemplo elocuente es el estado de la Iglesia de Las Esclavas, cuyo deterioro evidente y fachada preocupante no parecen figurar en la agenda de prioridades institucionales.
La falta de mantenimiento en puntos críticos y la desatención de las demandas históricas de los residentes contrastan con la celeridad con la que se tramitan estos nuevos desarrollos. La Moraleja no es solo un conjunto de parcelas, es una identidad compartida que exige claridad, legalidad y respeto. La Asociación de Propietarios advierte que no permitirán que la identidad de su entorno se diluya bajo el paraguas de conceptos difusos. Lo que está en juego en Vereda Norte 6 es el futuro de la urbanización y la confianza en unas instituciones que deben elegir entre proteger a sus vecinos o seguir permitiendo transformaciones opacas que amenazan con destruir el equilibrio que tanto ha costado mantener.
