El Ayuntamiento de Alcobendas que dirige Rocío García Alcántara sigue haciendo de su capa un sayo en cuanto a la gestión del mismo se refiere. Los últimos hechos investigados por LA MORALEJA hacen referencia a las mesas de contratación que tuvieron lugar los días 30 de julio y 22 de septiembre de 2025. Donde los miembros que las componían: Soledad López de Solé de Casanova, Natalia López Sacristán, Martín Mayor Barba y Ana María Barbero Rodríguez, todos ellos con domicilio en la Plaza Mayor de Alcobendas, sede del consistorio del municipio, intervenían en unos presuntos indicios de un «contrato del todo irregular» en la futura adjudicación de la concesión demanial sobre el edificio dotacional de uso deportivo situado en la Avenida Olímpica, nº 4, que luego quedó paralizada tras una sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local.
En esos días dentro del ámbito de la Delegación de Economía, Contratación y Patrimonio, se sometió a votación la propuesta de resolución para la aprobación del expediente administrativo relacionado con la adjudicación de un acuerdo marco para el suministro e instalación de mobiliario urbano en la ciudad. Asimismo, se discutió la suspensión de la ejecución del acto recurrido sobre la clasificación de ofertas en el expediente de contratación de la concesión demanial del edificio deportivo situado en la Avenida Olímpica número 4. Una decisión controvertida que de momento acabó con un denuncia de Manos Limpias ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que se denuncia a la Mesa de Contratación de la señalada concesión demanial.
Esa votación supuso que se acordara la suspensión de la concesión, quedando paralizado el procedimiento. Un hecho que hizo que el propio Ayuntamiento de Alcobendas no puede seguir adelante con el el expediente. Por lo tanto, el Consistorio no pudo de momento adjudicar definitivamente el edificio ni tampoco formalizar la señalada concesión, no pudiendo ni ejecutar ningún acto que derive de esa clasificación de ofertas.
INTENTOS DE PRESIÓN FINANCIADOS CON DINERO PÚBLICO
Tras esto hechos LA MORALEJA ha podido conocer que la mesa de contratación del Ayuntamiento de Alcobendas licitó con dinero público un contrato menor para contratar a dedo por 8.500 euros más IVA los servicios jurídicos del abogado Antonio Abellán Alberto, encuadrado laboralmente dentro de Abellán Albertos Abogados, S.L.P, con el objetivo de presionar mediante burofaxes a periodistas, directores y personal administrativo de este medio. El objetivo ejercer el derecho de rectificación y exigir la retirada de los artículos. Al primero de estos objetivos LA MORALEJA accedió cumpliento la legalidad vigente y publicando en los artículos los textos remitidos de forma literal, lo que no implica en absoluto la conformidad con los mismos. Al segundo objetivo, la retirada de las publicaciones, amparadas además en una pericial interna del medio e investigadas por anticorrupción, este medio se negó rotundamente.
Curiosamente, esos burofaxes y comunicaciones comenzaron a mandarse el día 21/11/2025, 24/11/2025, 28/11/2025 y finalmente 10/12/2025 siendo pagados a través de la adjudicación de un contrato menor del ayuntamiento que fue asignado y entró en vigor el día 02/12/2025. Resulta extraño que 11 días antes el letrado ya estuviera actuando plenamente pese a no haber sido licitado ni contratado por el ayuntamiento. Queda en evidencia que antes de la concesión del contrato ya estaba trabajando en el encargo y curiosamente, sabía que le sería otorgado.
Causa sorpresa en círculos jurídicos, la forma extraña de licitación de dinero público para atender servicios jurídicos de particulares, siendo el derecho al honor, en caso de haber sido atacado un derecho personal y particular del individuo, y por tanto no competencia municipal.
Hay que recordar que para hacer de forma correcta estas adjudicaciones es necesario por buena praxis estudiar tres ofertas antes de dar la adjudicación, aunque siendo un contrato menor no es ilegal (pero tampoco lo ético y transparente) hacerlo a dedo como sucedió. Este mismo abogado había sido contratado igualmente en el pasado por medio de contratos menores por el ayuntamiento de Alcobendas, pese a que el consistorio tiene servicios jurídicos propios.
Todo ello bajo acciones que están bajo sospecha y que el Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, con sede en Madrid, ya denunció, según pudo conocer LA MORALEJA. Una acción legal que se fundamenta en el ejercicio de la acción penal popular y la obligación de denunciar delitos públicos, amparándose en la Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según indica el escrito presentado por el citado sindicato ante la Fiscalía Anticorrupción.
