El 3 de marzo de 2026, el Ayuntamiento de Alcobendas presentó oficialmente la Oficina Antiocupación, un servicio gratuito dirigido a propietarios afectados por la ocupación ilegal de sus viviendas. La iniciativa lleva meses en funcionamiento y, sin embargo, muchos vecinos de La Moraleja, El Soto y el resto del municipio desconocen exactamente qué pueden pedir, cómo se solicita la atención o qué ocurre una vez que se ponen en contacto con ella. Esta es la guía que faltaba.
La oficina está ubicada en la Base de la Policía Local del Distrito Centro de Alcobendas y funciona con cita previa. Para acceder al servicio, el Ayuntamiento habilita dos vías de contacto: por teléfono, llamando al 91 663 70 01 en las extensiones 8350, 4025, 4026, 4027 y 4050, o por correo electrónico a [email protected]. El nombre del correo responde a que la oficina se integra dentro del Servicio de Atención a la Víctima de la Policía Local, que agrupa varios recursos de asistencia ciudadana bajo una misma coordinación.
El equipo que atiende la oficina está formado por una psicóloga y una letrada, con un presupuesto anual municipal de 72.615 euros. Ambas profesionales ofrecen asistencia completamente gratuita a cualquier propietario del municipio que se encuentre ante una situación de allanamiento de morada o usurpación de inmueble. No es un servicio exclusivo para grandes propietarios ni para perfiles de renta alta: cualquier vecino empadronado o con propiedad en Alcobendas puede solicitar atención.
Qué cubre exactamente la Oficina Antiocupación
La Oficina Antiocupación no es un juzgado ni una unidad policial de choque. Su función es la de acompañamiento, asesoramiento y coordinación. En la práctica, esto significa que cuando un propietario detecta que su vivienda ha sido ocupada, la oficina le asesora sobre los pasos legales exactos que debe dar: qué denuncia interponer, ante qué cuerpo de seguridad, qué documentación acredita la titularidad, y cómo funciona el proceso judicial en el Juzgado de Alcobendas. La letrada explica además la diferencia entre allanamiento de morada —que es delito y permite actuar en menos de 48 horas— y usurpación de inmueble, que es la figura más habitual en viviendas desocupadas y cuyo tratamiento legal es distinto y más lento.
La asistencia psicológica es uno de los elementos más singulares del servicio, y también uno de los más ignorados. La ocupación de una vivienda, especialmente cuando se trata de la vivienda habitual o de una propiedad con valor afectivo, genera un impacto emocional que va mucho más allá del perjuicio económico. La psicóloga de la oficina ofrece atención individualizada para propietarios que atraviesan situaciones de estrés agudo, angustia o sensación de indefensión ante el proceso. El servicio también atiende a vecinos que, sin ser propietarios directamente afectados, conviven con una situación de ocupación en su edificio o comunidad y necesitan orientación sobre sus derechos.
Lo que la oficina no puede hacer es ejecutar desalojos por sí misma ni saltarse el proceso judicial. Su valor real está en acelerar los tiempos y reducir los errores procedimentales que en muchos casos alargan innecesariamente los plazos de recuperación de una vivienda. El protocolo aprobado junto a la oficina establece un canal directo de coordinación entre la Policía Local de Alcobendas —225 agentes en plantilla—, la Policía Nacional y los juzgados locales, con el objetivo de que las comunicaciones entre estas administraciones sean más ágiles que en el procedimiento ordinario.
Los datos reales de ocupación en Alcobendas: mucho menos que en otras ciudades
En el momento de la presentación de la oficina, en marzo de 2026, había en Alcobendas 15 viviendas en situación de ocupación ilegal. La cifra es significativamente baja en comparación con municipios del área metropolitana de similar tamaño, y así lo reconoció la propia alcaldesa durante el acto. Ese dato de 15 viviendas es el resultado de una tendencia a la baja acelerada: en junio de 2023 había 216 casos activos, que se redujeron a 90 antes de que acabara ese año, pasaron a 83 en 2024 y cayeron a 43 en 2025. En total, desde 2023 la Policía Local ha participado en la recuperación y devolución de 216 viviendas a sus propietarios legítimos, lo que equivale al 80% de los casos detectados en el municipio.
Entre las actuaciones más relevantes figura el desalojo de 64 pisos en la calle Francisco Largo Caballero, que habían permanecido en manos de organizaciones dedicadas a la ocupación ilegal durante una década. El Ayuntamiento también atendió a 24 familias afectadas por esa situación. Otras intervenciones se desarrollaron en la calle Fuego, donde ocho viviendas llevaban dos años ocupadas antes de concederse las licencias de primera ocupación, y en la calle Pablo Picasso, con nueve inmuebles de IVIMA y SOGEPIMA recuperados. El récord de velocidad en un desalojo lo establece la propia Policía Local: ocho días desde la detección hasta la recuperación del inmueble.
Para los vecinos de La Moraleja y El Soto, el fenómeno de la ocupación tiene un perfil muy diferente al de las zonas de mayor presión residencial del municipio. Las urbanizaciones privadas tienen sistemas de acceso controlado y vigilancia perimetral que actúan como disuasión efectiva. Donde el riesgo existe con más frecuencia en este entorno es en viviendas de segunda residencia desocupadas durante periodos prolongados, en propiedades en proceso de herencia o en inmuebles que están siendo reformados y que quedan sin uso durante meses. En todos esos casos, la Oficina Antiocupación ofrece también asesoramiento preventivo antes de que se produzca cualquier incidente, con orientaciones sobre medidas de seguridad adicionales, gestión de suministros y registro de la propiedad que dificultan la usurpación.
El servicio se enmarca en una inversión municipal de 8 millones de euros en seguridad en lo que va de legislatura, que incluye la incorporación de 50 nuevos agentes a la Policía Local —la mayor oferta pública de empleo del cuerpo en la historia del municipio—, la modernización del centro de comunicaciones y el control de 357 cámaras de videovigilancia con sistemas OCR. Según datos del Ministerio del Interior, los delitos en Alcobendas descendieron un 1,7% en 2025, y las estafas informáticas cayeron un 7,3%, consolidando al municipio como uno de los entornos más seguros de la Comunidad de Madrid.
