El Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, con sede en Madrid, ha interpuesto una denuncia contra la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alcobendas, según ha podido conocer LAMORALEJA.COM. La acción legal se fundamenta en el ejercicio de la acción penal popular y la obligación de denunciar delitos públicos, amparándose en la Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según indica el escrito presentado por el citado sindicato ante la Fiscalía Anticorrupción
La denuncia apunta directamente a las mesas de contratación que tuvieron lugar los días 30 de julio y 22 de septiembre de 2025. El sindicato responsabiliza directamente a los miembros que las componían: Doña Soledad López de Solé de Casanova, Doña Natalia López Sacristán, Don Martín Mayor Barba y Doña Ana María Barbero Rodríguez, todos ellos con domicilio en la Plaza Mayor de Alcobendas, sede del consistorio del municipio.
Manos Limpias sostiene que estos funcionarios podrían haber incurrido en la presunta comisión de graves delitos contra la Administración Pública. Específicamente, se mencionan los cargos de Prevaricación Administrativa, tipificado en el Artículo 404 del Código Penal, y Malversación de Caudales Públicos, regulado en el Artículo 432 del mismo cuerpo legal. Además, el sindicato ve indicios de un supuesto Fraude de Ley, según el artículo 6.4 del Código Civil.
El colectivo sindical no descarta que la instrucción judicial identifique a más responsables en el futuro y ha presentado la denuncia ante las autoridades competentes, solicitando una investigación exhaustiva de los hechos. La sede consistorial de Alcobendas se encuentra ahora bajo el foco por estas graves acusaciones que apuntan a posibles irregularidades en el proceso de contratación pública, exigiendo la depuración de responsabilidades.
Me parece muy bien que alguien mire lo que ocurre en las contrataciones de concursos públicos para que no haya corrupción administrativa ni política. Ya está bien de que se contrate y siempre haya una empresa a la que saben a la que asignar el contrato. Los dineros son públicos y de todos y los funcionarios y politicos deberían ser los guardianes de que todo el proceso sea limpio y que cualquier empresa pueda optar al contrato y no solo aquellas que son amigos ( en todos los sentidos de amistad y de dineros).
Buena labor.
Ahora me gustaría saber del interés en desarrollar Los Carriles.
Sabiendo que el 80% de los terrenos son privados y conociendo los nombres de los propietarios por el protecto de reparcelacion y conociendo el nombre de los letrados que re urrieron al Supremo y que defienden a casi todas las partes, es más que preocupante.
Es más hay dos familias (con 3 4 hermanos cada u a), que tienen en comun terrenos y defensa judicial.
Lo más sospechoso es aprobar un nuevo plan parcial con 16 votos de todos los partidos, después de 2 sentencias judiciales en contra.
No se porque no se publican los nombres de esos letrados.