La Guardia Civil ha intervenido casi 15 toneladas de cable de cobre en dos municipios del norte de Madrid en el marco de un amplio operativo contra el robo y la receptación de metales que lleva activo desde junio en toda la Comunidad de Madrid. El dispositivo, dado a conocer este viernes por la Comandancia de Madrid, se ha saldado con 29 personas detenidas o investigadas y más de 25 inspecciones en establecimientos dedicados a la gestión y recuperación de residuos metálicos.
Las actuaciones más significativas del operativo tuvieron lugar en Alcobendas y Fuente el Saz del Jarama, donde los agentes localizaron en total 14.752 kilos de cable de cobre en bruto, además de otras cantidades de cobre en distintos estados de procesado. En Alcobendas, la inspección de un centro de gestión de residuos metálicos permitió intervenir 13.695 kilos de cable de cobre en bruto y 283 kilos de cobre triturado. La mayoría del material intervenido en el municipio procedía, según la Guardia Civil, de sustracciones en infraestructuras eléctricas, redes de telecomunicaciones, instalaciones industriales, explotaciones agrícolas y obras de construcción.
En Fuente el Saz del Jarama, la actuación fue un paso más allá. Los agentes no solo intervinieron el material —1.057 kilos de cable en bruto y 469 kilos de cobre pelado— sino que procedieron al precintado y clausura cautelar del establecimiento donde se encontraba almacenado, una medida que indica que el local habría actuado como punto de recepción y procesado de material de origen ilícito dentro del circuito de comercialización del metal.
El precio del cobre dispara el atractivo del delito
El auge del robo de cobre en España no es un fenómeno aislado ni reciente, pero en 2026 ha encontrado un incentivo adicional especialmente poderoso: el precio del metal ha alcanzado máximos históricos, superando los 14.000 dólares la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres durante los primeros meses del año. Con ese valor de referencia, las casi 15 toneladas intervenidas en el norte de Madrid representan un valor de mercado aproximado de entre 180.000 y 200.000 euros, aunque la cifra real depende del grado de procesado del material y del canal de comercialización utilizado.
La relación entre la cotización del cobre y la actividad delictiva está documentada por las propias fuerzas de seguridad. El capitán de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil José Luis Vereda ha señalado que el robo de cobre ha aumentado al menos un 4% cada año desde la pandemia, y que existe «un vínculo claro entre la alta cotización del cobre y el incremento de delitos vinculados a la sustracción del mismo». La demanda estructural del metal —esencial para la electrificación, la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos y las energías renovables— hace poco probable que su precio baje de forma significativa en los próximos años, lo que mantiene el incentivo económico del delito.
El mecanismo que hace especialmente difícil combatir estos robos es la facilidad con que el cobre pierde su trazabilidad una vez sustraído. A diferencia de otros materiales, el cobre puede ser fundido, triturado o pelado en instalaciones relativamente sencillas, lo que borra cualquier rastro de su procedencia antes de que llegue a los canales legales de compraventa. Los establecimientos de gestión de residuos metálicos son el eslabón más vulnerable de esa cadena, y por eso el operativo de la Guardia Civil se ha centrado precisamente en inspeccionarlos, con más de 25 actuaciones en la Comunidad de Madrid en apenas cuatro meses.
Cortes de luz, telecomunicaciones cortadas y riesgos para la seguridad pública
Más allá del perjuicio económico directo, la Guardia Civil advierte de que el robo de cobre tiene consecuencias que van mucho más allá del valor del metal sustraído. La extracción de cableado de redes eléctricas puede provocar interrupciones del suministro eléctrico en zonas residenciales o industriales; el robo de cable de telecomunicaciones puede dejar sin servicio a hogares y empresas durante horas o días; y la sustracción en infraestructuras ferroviarias —otra diana frecuente de estas bandas, como ilustra la detención de dos personas en Anchuelo en agosto intentando robar cable de las vías del AVE— puede comprometer directamente la seguridad del transporte. En zonas como el norte de Madrid, con alta densidad de instalaciones industriales y del Parque Empresarial de Alcobendas, la vulnerabilidad a este tipo de sustracciones es especialmente relevante.
El operativo lanzado entre junio y octubre de 2026 es, según los datos de la Comandancia de Madrid, uno de los más ambiciosos desplegados en la región contra este tipo de delincuencia, con 29 personas en el foco de la investigación y un volumen de material intervenido que da idea de la escala de la actividad ilícita que existía en los establecimientos inspeccionados. Las investigaciones se centraron en identificar tanto a los presuntos autores de las sustracciones como a quienes facilitaban la introducción del metal robado en los circuitos legales, los llamados receptadores, cuya actividad es lo que hace económicamente viable el delito.
