Alcobendas opera hoy una de las redes de videovigilancia más densas de la Comunidad de Madrid. Sus 357 cámaras —entre dispositivos convencionales, equipos de reconocimiento óptico de caracteres y unidades multisensor— monitorizan los tres distritos del municipio las 24 horas del día, los 365 días del año, desde un Centro de Comunicaciones y Emergencias que el Ayuntamiento renovó íntegramente en 2024. La cifra representa una transformación radical respecto a los 57 dispositivos con los que empezó este ciclo de modernización, y sitúa al municipio en una posición difícilmente comparable con cualquier otra ciudad española de tamaño similar.
Para entender cómo se llegó hasta aquí conviene seguir la cronología. En febrero de 2024, la alcaldesa Rocío García Alcántara anunció una inversión de 900.000 euros para instalar 118 nuevas cámaras que se sumarían a las 57 ya operativas: 87 cámaras OCR —con capacidad de reconocimiento óptico de matrículas en tiempo real— y 31 equipos multisensor. Esa ampliación elevó el parque a 175 dispositivos y constituyó, en palabras de la propia alcaldesa, un “salto cualitativo muy importante” para la gestión de la seguridad y la movilidad urbana. Las ampliaciones posteriores han llevado el total hasta los 357 que opera el municipio a fecha de octubre de 2025, según los datos publicados por el propio Ayuntamiento.
El sistema no es un conjunto de cámaras aisladas, sino una red integrada. Las 87 cámaras OCR están interconectadas con la Dirección General de Tráfico y con las bases de datos de la Dirección General de Policía, lo que permite a los agentes identificar en tiempo real vehículos con alertas activas, elaborar listas de interés policial y actuar de forma proactiva ante infracciones o delitos en curso. Los 31 equipos multisensor incorporan inteligencia artificial para el análisis de imágenes, lo que amplía las posibilidades de investigación más allá del simple registro visual.
El Centro de Comunicaciones de Alcobendas
La columna vertebral del sistema es el Centro de Comunicaciones y Emergencias de la Policía Local, renovado en 2024 con una superficie de 160 metros cuadrados. Cuenta con siete puestos operativos, cada uno equipado con un monitor curvo de 38 pulgadas desde el que los operadores pueden visualizar en tiempo real las imágenes de cualquier cámara de la red. La sala dispone además de tres grandes paneles de 75 pulgadas que permiten gestionar situaciones de crisis y que están conectados con la sala del 112 de la Comunidad de Madrid.
El centro funciona ininterrumpidamente y puede coordinarse con el Centro de Control Integral del Ayuntamiento, lo que significa que ante una emergencia grave la gestión puede integrarse con otros servicios municipales más allá de la Policía Local. Para los eventos de máxima afluencia, como las fiestas de San Isidro, el sistema se complementa con cámaras de alta resolución temporales —16 adicionales en las últimas fiestas, según datos municipales— y con el despliegue de la unidad de drones de la Policía Local, equipados igualmente con inteligencia artificial.
La distribución geográfica de las cámaras cubre los tres distritos del municipio: Centro, Norte y Urbanizaciones. En el Distrito Centro, diez cámaras fueron instaladas específicamente para reforzar la seguridad ciudadana en zonas peatonales, parques, plazas y espacios públicos de alta circulación. El Distrito Urbanizaciones —que incluye La Moraleja, El Soto, El Encinar de los Reyes y Ciudalcampo— cuenta con cobertura específica adaptada a la mayor extensión territorial y al carácter residencial privado de las urbanizaciones con acceso controlado.
Acceso a las imágenes, marco legal y resultados en criminalidad
El sistema opera dentro del marco de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuyo artículo 22 regula específicamente la videovigilancia pública. La norma establece que las imágenes captadas deben borrarse en un plazo máximo de 30 días desde su grabación, salvo que exista un incidente concreto que requiera su conservación como prueba en un procedimiento judicial o administrativo en curso. El acceso a las grabaciones está restringido exclusivamente al personal autorizado de la Policía Local. Ningún particular puede solicitar directamente las imágenes: quien sea víctima de un delito registrado por las cámaras debe ejercer su derecho de acceso antes de que transcurran los 30 días, puesto que una vez pasado ese plazo las grabaciones se eliminan de forma automática.
Los resultados que arroja el sistema en términos de seguridad ciudadana son los más favorables de los últimos años. Según los datos del Ministerio del Interior correspondientes al primer trimestre de 2026, la criminalidad en Alcobendas bajó un 5,6% respecto al mismo periodo de 2025, con 80 delitos menos en términos absolutos —de 1.417 infracciones penales a 1.337—. Los descensos más llamativos se produjeron en los robos con violencia, que cayeron un 31,3%, y en los robos en viviendas, que se redujeron un 50%. La ciberdelincuencia también bajó un 6,6%. Son cifras que consolidan la tendencia iniciada en años anteriores: entre 2019 y 2022, la criminalidad convencional en Alcobendas descendió un 10,4%, incluyendo reducciones del 40% en delitos contra la libertad sexual y del 53% en robos con fuerza en domicilios, establecimientos e instalaciones.
El modelo de seguridad de Alcobendas combina la red de videovigilancia con una plantilla de 225 agentes de Policía Local —a los que se incorporaron 32 nuevos efectivos en octubre de 2025— y con el trabajo coordinado de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El tiempo de respuesta de la Policía Local se sitúa en menos de tres minutos, dato que el Ayuntamiento atribuye en parte a la capacidad del Centro de Comunicaciones para localizar incidencias en tiempo real y dirigir los recursos disponibles al punto exacto donde se producen. No todos los datos de criminalidad son positivos: el balance anual de 2025 recogió un incremento del 1,4% en el total de infracciones penales, con la criminalidad convencional subiendo un 5,2%, lo que generó debate político local. Son cifras que matizan la tendencia general sin invalidarla, y que el propio Ayuntamiento reconoce como un incentivo para continuar con la política de inversión en tecnología de seguridad.
