Rocío García Alcántara, alcaldesa de Alcobendas, vuelve al foco político en un momento especialmente delicado para la clase dirigente española, marcado por los escándalos de corrupción, las investigaciones por contratos irregulares y la polémica sobre el uso de fondos públicos para pagar a asesores sin funciones acreditadas. Mientras el Partido Popular exige rendición de cuentas al PSOE por el caso Koldo García, las presuntas mordidas en los contratos de mascarillas y las polémicas designaciones de las llamadas “novias” del exministro José Luis Ábalos, dentro del propio PP madrileño emerge un caso que resuena con ecos similares. García Alcántara, hoy alcaldesa de Alcobendas, fue contratada como asesora de la Comunidad de Madrid en los tres meses inmediatamente anteriores a las elecciones municipales de 2023, un cargo remunerado del que no hay constancia pública de actividad y que coincidió plenamente con su precampaña electoral.
Según diversas fuentes, durante ese periodo la hoy alcaldesa apenas apareció por la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, mientras concentraba su agenda en encuentros, actos y visitas en Alcobendas, donde buscaba reforzar su imagen de candidata. Este solapamiento de responsabilidades institucionales y partidistas plantea serias dudas sobre la transparencia del uso de cargos de confianza en la administración madrileña.
De candidata sorpresa a asesora autonómica
El 12 de febrero de 2023, medios locales publicaban la sorpresa en el Partido Político de Alcobendas ante su nombramiento como candidata oficial. Apenas diez días después, según consta en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, García Alcántara fue contratada como personal eventual dentro del gobierno autonómico. Su incorporación coincidió con el arranque de su precampaña electoral, durante la cual su actividad estuvo centrada en Alcobendas más que en la sede institucional de la Puerta del Sol.
Fuentes cercanas al Ejecutivo madrileño admiten que su presencia física en dependencias autonómicas fue prácticamente nula, lo que ha levantado críticas sobre la compatibilidad entre su función pública y su trabajo como aspirante electoral. Ninguna nota oficial ni testimonio interno ha podido confirmar qué funciones concretas realizaba.
Un coste directo para los madrileños
El puesto de asesora eventual en la Comunidad de Madrid suele estar remunerado con entre 50.000 y 60.000 euros brutos anuales, dependiendo del nivel del cargo. En su caso, el coste directo para las arcas autonómicas durante esos tres meses habría rondado los 12.000 a 15.000 euros, una cifra nada despreciable para un perfil cuyo desempeño real resulta difícil de justificar.
Actualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con más de 250 asesores nombrados como personal eventual, un esquema que ha sido objeto de críticas por su opacidad y su uso como plataforma política. El caso de García Alcántara encaja en ese patrón, despertando dudas sobre la ética de emplear recursos públicos para financiar perfiles destinados a proyectos partidistas y electorales.
Hipocresía política y falta de transparencia
Lo que resulta más llamativo es la incoherencia política que deja al descubierto este episodio. El PP ha sido implacable a la hora de criticar los escándalos de Ábalos y sus asesoras, acusando al PSOE de alimentar una red clientelar de sueldos públicos para fines partidistas. Sin embargo, el caso de Rocío García Alcántara reproduce —casi al milímetro— las prácticas que el propio PP condena: una contratación exprés, ausencia de actividad pública y una transición directa desde el cargo a una candidatura municipal.
Su silencio actual como alcaldesa y su falta de autocrítica frente a esta situación no ayudan a despejar las dudas. Por el contrario, proyectan la imagen de una dirigente más preocupada por su carrera política que por el buen uso del dinero de los madrileños.
El dilema de los cargos a dedo
La historia de Rocío García Alcántara refleja un patrón cada vez más común: el paso de asesores y cargos de confianza a candidaturas locales, a menudo en periodos muy breves y con funciones poco transparentes. Esta práctica se sitúa en la frontera entre lo legal y lo éticamente cuestionable, y alimenta el debate sobre el control real del trabajo de los asesores públicos.
El caso de Rocío García Alcántara no es solo una nota política más: es un recordatorio de cómo la falta de vigilancia sobre los contratos de libre designación y la superficialidad en las funciones oficiales abren espacio para el uso partidista de los fondos públicos.
La alcaldesa de Alcobendas ha evitado hacer comentarios sobre su etapa en la Comunidad de Madrid. Desde la sede regional, el gobierno de Ayuso defiende la legalidad de todos sus nombramientos. Sin embargo, las similitudes con otros casos ponen de relieve una pregunta cada vez más incómoda: ¿se está utilizando el personal eventual como trampolín político?
