La evolución de las finanzas personales de Rocío García Alcántara, alcaldesa de Alcobendas, se ha convertido en el centro de un intenso debate político tras conocerse los datos de su última declaración de bienes. En apenas dos años de mandato, la regidora ha consolidado una trayectoria económica ascendente que ha culminado en un ejercicio 2025 con ingresos que superan los 103.343,47 euros brutos anuales. Esta cifra, que sitúa su remuneración por encima de la de gran parte de los ministros del Gobierno de España, ha levantado ampollas entre los grupos de la oposición, quienes cuestionan tanto la ética de los importes como la procedencia de los mismos a través de una compleja red de empresas públicas municipales.
El salto cuantitativo es evidente si se comparan estos emolumentos con los percibidos al inicio de su gestión. Aunque el sueldo base del Ayuntamiento de Alcobendas está estipulado en 82.217,65 euros, la ingeniería financiera de la nómina municipal permite que esta base se vea incrementada de forma sistemática. La suma final de seis cifras no es fruto del azar, sino de una estructura de dietas por asistencia a consejos de administración que convierte la presidencia de los entes públicos en una fuente de ingresos adicional extremadamente lucrativa para la primera autoridad local.
ESTRATEGIA DE INGRESOS MEDIANTE EMPRESAS PÚBLICAS
El mecanismo para alcanzar este estatus salarial se apoya en la participación de la alcaldesa en los órganos de gestión de diversas entidades locales. El desglose de estas percepciones revela ingresos extra de forma recurrente: la empresa municipal de vivienda, EMVIALSA, aporta 4.950 euros a su cuenta anual, mientras que entes como EMARSA y SOGEPIMA reportan 5.400 euros cada una. A este entramado se suman los 4.950 euros provenientes de SEROMAL. Este modelo de acumulación de dietas es, precisamente, el que ha permitido que la declaración de bienes de 2025 refleje una capacidad económica muy superior a la de 2023, proporcionando la solvencia necesaria para la adquisición de su nuevo chalet madrileño valorado en casi un millón y medio de euros.
Esta situación ha puesto en entredicho el papel de las empresas públicas de Alcobendas. Mientras que su fin fundacional debería ser la mejora de la vivienda, el medio ambiente o el mantenimiento urbano, para la oposición se han transformado en una vía reglamentaria para engrosar la nómina de la alcaldesa. La paradoja reside en que cargos que deberían llevar aparejada la responsabilidad intrínseca del servicio público se traduzcan en desembolsos adicionales tan elevados, configurando lo que muchos definen como un esquema de «sobresueldos» legales que disparan el coste de la clase política local.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN Y FALTA DE EJEMPLARIDAD
La reacción de los grupos políticos no se ha hecho esperar, vinculando directamente este incremento salarial con una desconexión de la realidad del municipio. Desde el PSOE de Alcobendas, su portavoz Ángel Sanguino ha sido tajante al respecto de las prioridades de la regidora, señalando que, aunque puede elegir su domicilio libremente, su gestión deja mucho que desear: «Lo que venimos denunciando los Socialistas de Alcobendas es que desde que Rocío García es alcaldesa su prioridad no es la defensa del interés general de la ciudad, ni de los vecinos y vecinas, sino que su prioridad es única y exclusivamente su promoción política personal y la defensa del PP de Madrid por encima de Alcobendas. Primero ella y el PP, luego Alcobendas y los vecinos, y ejemplos de ello los hay todos los días y todos los meses en la gestión municipal».
Por su parte, Mariano Cañas, representante de Más Madrid, ha vinculado el aumento de ingresos con el reciente traslado de la alcaldesa fuera del término municipal, criticando duramente el uso de los entes públicos para fines personales: «Desde Más Madrid lamentamos que la Alcaldesa demuestre lo poco que le importa Alcobendas y sólo utilice al municipio y a las empresas públicas para ponerse salarios desorbitados y enriquecerse hasta permitirla alcanzar en menos de tres años su objetivo de abandonar el municipio y los vecinos marchándose a vivir a un barrio de ricos y fuera de Alcobendas. ¿Cómo puede ser la presidenta del pleno y la presidenta de todas las empresas públicas de un municipio en el que no reside? Ahora entendemos por qué no le preocupa que el municipio esté cada vez más sucio».
EL DEBATE SOBRE LA SUBIDA DE SUELDOS POLÍTICOS
La controversia no solo se limita a las dietas, sino también a la política de incrementos salariales que se aprueban en los plenos municipales. Fernando Montenegro, concejal de Vox, ha puesto el foco en la opcionalidad de estas subidas y en la falta de ejemplaridad de la regidora frente a la crisis económica que atraviesan los ciudadanos. Montenegro explica que, si bien hay subidas obligatorias por ley para los funcionarios, la aplicación de las mismas a los altos cargos es una decisión política voluntaria.
Según el portavoz de Vox: «nosotros siempre votamos en contra de esas subidas que se producen año sí y año también a la clase política en todos los ayuntamientos y en el de Alcobendas también. ¿De dónde vienen esas subidas? Pues vienen de que el gobierno establece unas subidas por ley obligatorias para los funcionarios (…) pero es opcional y por lo tanto voluntario del pleno de cada ayuntamiento si se sube también a los directores generales y a los concejales. Y nosotros siempre votamos en contra mientras que todo el resto de los grupos políticos votan a favor».
Asimismo, Montenegro añade una reflexión sobre la situación de las familias del municipio en contraste con la holgada situación de García Alcántara: «Lo que es importante es que en un momento como este en que a nuestros vecinos en Alcobendas y a los españoles en general les está costando a muchos llegar a fin de mes, nosotros eso de ir subiendo un sueldo año tras año, un 2, un 2,5, un 1,5 que es opcional y por lo tanto no habría que hacerlo, nosotros desde luego estamos en contra y ya en el último pleno, en el pleno de marzo, es decir el pleno que tuvimos hace escasas semanas, el 26 de marzo ya votamos en contra de esa subida a la clase política de Alcobendas». Esta postura subraya la brecha existente entre la gestión de fondos públicos y la percepción ciudadana de una alcaldesa cuyos ingresos no dejan de crecer mientras reside fuera de la ciudad que gobierna.
