La hemeroteca, ese archivo implacable de promesas y declaraciones, se ha convertido en uno de los principales frentes políticos para la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara. Lo que en campaña fue un relato de regeneración, sostenibilidad y participación ciudadana, hoy contrasta con una realidad marcada por críticas de la
oposición, contestación vecinal y decisiones que han abierto grietas en su gestión. Las palabras, en política, rara vez desaparecen. Y en este caso, vuelven con fuerza. En su programa electoral, el compromiso con el medio ambiente ocupaba un lugar central, casi identitario.
«Alcobendas se convertirá en una ciudad inteligente, ‘Smart-City’, en la que el pilar fundamental sea el compromiso con el medio ambiente. Una ciudad sostenible, conectada y optimizada, con sensores inteligentes, mobiliario urbano de doble uso, gestión inteligente de servicios, y eficiencia energética en edificios públicos, incorporando cubiertas solares o vegetales», aseguraba el PP.
No era una mención aislada. El concepto de ciudad sostenible se presentaba como la base de un nuevo modelo urbano, alineado con los retos climáticos y tecnológicos del presente. Sin embargo, la evolución de algunos proyectos urbanísticos ha puesto en cuestión ese discurso.
El desarrollo del entorno de Cerro del Baile, junto a la aprobación del Plan Parcial de Valgrande, ha desatado una fuerte reacción por parte de colectivos ecologistas y movimientos vecinales. Las críticas son contundentes: denuncian la pérdida de espacios naturales, el riesgo de congestión urbana y la reproducción de un modelo que consideran alejado de los principios de sostenibilidad anunciados.
Según estos colectivos, la intervención «daría al traste con una zona natural de extraordinario valor», además de generar «más sombras que luces» por la falta de transparencia en su tramitación. También cuestionan que este tipo de desarrollos contribuyan realmente a facilitar el acceso a la vivienda, apuntando a un posible componente especulativo que recuerda a dinámicas previas a la crisis de 2008.
Así, el ecologismo prometido en campaña se enfrenta ahora a una contestación organizada que pone en duda su materialización real. Pero si hay un ámbito donde la distancia entre discurso y realidad se ha vuelto especialmente visible es en la participación ciudadana.
Durante la campaña, García Alcántara no solo defendió la importancia de escuchar a los vecinos, sino que convirtió ese proceso en una de las señas de identidad de su candidatura. «Desde octubre del año pasado vengo trabajando junto con mi equipo en reuniones con asociaciones, vecinos, empresarios, altos cargos de la Comunidad de Madrid y visitas a centros municipales, con el objetivo de ofrecer un programa para poner de nuevo en marcha nuestra ciudad».
La idea era clara: un programa construido desde abajo, con aportaciones directas de la ciudadanía y los distintos agentes sociales. Un enfoque que buscaba transmitir cercanía, diálogo y una nueva forma de gobernar. Incluso el mensaje se reforzaba con una apelación directa al electorado: «Todos los que opinen que la ciudad ha perdido en calidad de vida tienen una oportunidad».
Sin embargo, la situación actual dibuja un escenario muy distinto. La ausencia total de vecinos en la última Junta de Distrito Norte ha sido interpretada como un punto de inflexión en el debate político local. La imagen de las sillas vacías ha servido como símbolo de lo que la oposición describe como un modelo de participación agotado. Para el portavoz socialista, Ángel Sanguino, lo ocurrido no es anecdótico.
«La alcaldesa tiene un desinterés total hacia la participación ciudadana y por la opinión de los vecinos y vecinas de Alcobendas», ha denunciado. A su juicio, estos órganos han perdido su función hasta convertirse en espacios sin impacto real. «El problema no es que los vecinos no quieran participar, es que la alcaldesa del PP ha convertido la participación en un espacio vacío, donde las decisiones ya están tomadas y la opinión de los vecinos no cambia nada». La acusación es directa y apunta al núcleo del modelo de gobierno.
Según el PSOE, la participación ciudadana «se está convirtiendo en un trámite sin utilidad real», lo que explicaría la progresiva desafección vecinal. El plantón en la Junta de Distrito Norte no sería, en este sentido, un hecho aislado, sino el reflejo de una tendencia más profunda: la pérdida de confianza en los mecanismos institucionales de participación.
Este desgaste tiene, además, consecuencias prácticas. La oposición sostiene que existe un malestar creciente en ámbitos clave como la limpieza, la seguridad o el acceso a la vivienda, problemas que, según denuncian, no encuentran canales eficaces para ser trasladados y abordados.
En paralelo a esta erosión en el ámbito participativo, el equipo de gobierno ha reforzado otras líneas de actuación con un marcado componente político. La creación de una Oficina Antiocupación, presentada junto al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, supone uno de los movimientos más significativos en este sentido. La iniciativa, que busca «proteger la propiedad privada y agilizar los trámites para recuperar viviendas ocupadas ilegalmente», ha sido interpretada por la oposición como un giro estratégico.
el polémico xavier garcía albiol apadrinó un proyecto del pp de alcobendas
No tanto por su contenido técnico como por su carga simbólica. La elección de García Albiol, una de las figuras más reconocibles del ala dura del Partido Popular, no ha pasado desapercibida. Su presencia se interpreta como un intento de situar la cuestión de la ocupación en el centro del debate municipal y de reforzar un posicionamiento político más contundente en materia de seguridad.
Desde la oposición, sin embargo, se cuestiona la necesidad de esta medida. Aseguran que la ocupación es un fenómeno residual en Alcobendas y que la iniciativa responde más a una estrategia de posicionamiento que a una urgencia social. Este movimiento se enmarca, además, en un contexto político más amplio, marcado por el crecimiento de Vox y la competencia dentro del espacio conservador. En este escenario, el PP local parece decidido a blindar su flanco derecho.
COMUNICACIÓN CON POLÉMICA
Otro de los focos de polémica se sitúa en la comunicación institucional. La revista municipal SietedíaS ha sido objeto de duras críticas por parte de distintos grupos políticos, que denuncian un uso partidista de este medio público. Según estas denuncias, la presencia constante de la alcaldesa en portadas y contenidos responde a una estrategia de promoción personal.
La publicación, señalan, habría dejado de ser un canal informativo para convertirse en una herramienta de construcción de imagen política. «Este gobierno actual está más centrado en la propaganda que en mejorar la ciudad», afirma Sanguino. En la misma línea, otras voces de la oposición hablan de «publirreportajes» y critican el uso de recursos municipales con fines partidistas. Las acusaciones apuntan a un desequilibrio entre comunicación y gestión, reforzando la idea de que la imagen pública ha adquirido un peso excesivo frente a la resolución de problemas concretos.
A todo ello se suma una creciente inquietud en el distrito Urbanizaciones, que incluye zonas como La Moraleja, El Soto y El Encinar. Tradicionalmente considerado un bastión electoral del Partido Popular, este ámbito empieza a mostrar signos de desgaste. Desde la oposición advierten de una posible relajación en la atención a problemas cotidianos, como el mantenimiento urbano, la movilidad o la seguridad.
A su juicio, el gobierno municipal habría dado por garantizado el apoyo electoral de estas zonas, lo que habría derivado en una menor intensidad en la gestión. El riesgo, señalan, no es tanto una ruptura abrupta como un desgaste progresivo que podría traducirse en abstención, fuga de voto o apoyo a otras opciones políticas en las próximas elecciones municipales. La paradoja es evidente. Un electorado históricamente fiel podría convertirse en un foco de incertidumbre si percibe que sus demandas han dejado de ser prioritarias.
