El panorama laboral en las instalaciones deportivas de San Sebastián de los Reyes atraviesa un momento crítico y preocupante. La incertidumbre de cientos de empleados se suma a una gestión empresarial que despierta más dudas que certezas entre los propios operarios. El foco de la controversia se centra en el polideportivo de Dehesa Boyal, uno de los más importantes de la ciudad, cuya administración se ha convertido en un auténtico rompecabezas de siglas, fusiones empresariales y sospechas de irregularidades que amenazan con salpicar la integridad del equipo de Gobierno local. Lo que debería ser un servicio modélico se ha transformado en un escenario donde los impagos a proveedores y la precariedad administrativa parecen ser la norma en los últimos años, especialmente tras la pandemia.
La historia de esta situación se remonta a un pliego de condiciones redactado en 2004 cuya vigencia expiró formalmente en 2019. Desde entonces, el servicio se mantiene en una situación de prórroga constante; un limbo jurídico que ha atravesado diferentes legislaturas y colores políticos, desde Izquierda Unida hasta el actual mandato del Partido Popular, pasando por la coalición de PSOE y Ciudadanos. A pesar de las promesas de una nueva licitación que ponga orden al caos, el esperado documento sigue sin ver la luz de manera definitiva, alimentando las sospechas sobre un posible diseño que favorezca a intereses específicos.
OPACIDAD EN LA GESTIÓN DEL CENTRO
En el centro de este entramado se encuentra el Grupo Nordestada, la empresa que actualmente gestiona las instalaciones. Sin embargo, el rastro empresarial es sinuoso: las transformaciones de entidades como Santa Gadea o AOSSA y la implicación de fondos de inversión han creado una estructura difícil de fiscalizar. Actualmente, Nordestada gestiona Dehesa Boyal junto a Viña Fitness mediante un complejo contrato a través de una UTE (Unión Temporal de Empresas). Esta unión arrastra un compromiso de mantenimiento de cincuenta años vinculado originalmente a Técnicas Reunidas. Esta concentración de poder contrasta con una realidad financiera alarmante: una acumulación de deudas con pequeños proveedores que fuentes cercanas a la gestión cifran en unos 200.000 euros.
Un ejemplo sangrante es el de Armería Ágata, un establecimiento histórico con más de sesenta años de trayectoria. A este pequeño comercio se le adeudaban apenas 400 euros por facturas de trofeos y medallas desde marzo del año pasado. Según testigos, el cobro solo fue posible tras una intervención directa en las oficinas municipales y una conversación con concejales del consistorio, donde finalmente el pago se efectuó en efectivo y «en calderilla». Este modus operandi sugiere no solo una falta de liquidez, sino una gestión que parece esquivar los cauces bancarios habituales, posiblemente para evitar bloqueos por deudas mayores. Resulta paradójico que una empresa que aspira a renovar contratos millonarios sea señalada por impagos tan irrisorios.
INCERTIDUMBRE LABORAL Y USO DE RECURSOS
La preocupación no es solo financiera, sino también operativa y ética. Existen protestas sobre el presunto uso indebido de recursos públicos: se ha señalado que trabajadores contratados específicamente para el servicio de deportes de San Sebastián de los Reyes —pagados por los contribuyentes locales— habrían sido derivados para realizar labores en negocios privados de la empresa en otras provincias, como gimnasios en Albacete o instalaciones vinculadas al Club de Fútbol Guadalajara. Ante estas acusaciones, la respuesta oficial del Ayuntamiento ha sido la evasión, alegando que se trata de gestiones de una entidad privada. Sin embargo, fuentes del sector remarcan que el uso de horas de trabajo financiadas por el municipio para fines ajenos al contrato público es una irregularidad que el equipo de Gobierno no debería ignorar.
Mientras parte de la oposición mantiene una actitud tibia, grupos como Izquierda Independiente y Vox han comenzado a presionar en busca de transparencia. Para los cerca de 200 empleados de los centros deportivos, el futuro es una moneda al aire. Temen que el nuevo pliego repita esquemas de licitaciones anteriores que desemboquen en despidos o en un ERE, mediante un nuevo cambio de Gestora con otro nombre o con una baja temeraria, como ha ocurrido en situaciones similares. Todo ello es síntoma de una problemática más profunda en la política municipal, donde la cercanía entre gestores y políticos desdibuja las líneas de la ética pública. La transparencia en la próxima licitación y el saneamiento de las deudas serán las únicas pruebas válidas de que San Sebastián de los Reyes busca recuperar la integridad en sus servicios públicos.
