La institución del Defensor del Pueblo, bajo la dirección de Ángel Gabilondo Pujol, ha emitido una resolución contundente en relación con la gestión del Ayuntamiento de Alcobendas. Tras un proceso de seguimiento que se ha prolongado durante varios meses, la institución ha confirmado que el Gobierno municipal, liderado por el Partido Popular (PP), ha rechazado implementar las recomendaciones necesarias para cumplir estrictamente con el Reglamento de Participación Ciudadana vigente en el municipio.
Este conflicto tiene su origen en una denuncia interpuesta por el grupo municipal Más Madrid Alcobendas, quienes cuestionaron la política del Ejecutivo local respecto a la grabación y difusión de las intervenciones de los vecinos durante las sesiones plenarias. Según la normativa actual, estas intervenciones tienen un carácter público, por lo que existe la obligación institucional de dejar constancia fehaciente de las mismas.
El fondo de la discrepancia
La controversia surgió cuando el equipo de Gobierno decidió limitar el registro de las preguntas vecinales exclusivamente a grabaciones de audio internas, omitiendo la realización y posterior difusión pública de grabaciones en vídeo. Desde la perspectiva de Más Madrid, esta práctica no solo contraviene la literalidad del reglamento, sino que vulnera su espíritu fundamental, privando a la ciudadanía de una mayor transparencia y acceso a la información sobre los asuntos tratados en los Plenos.
El Defensor del Pueblo ha sido claro en sus comunicaciones previas enviadas al consistorio. La institución ha señalado que el Ayuntamiento tenía la obligación jurídica de ajustar su proceder al reglamento vigente en tanto no se produjese una modificación normativa legal. Sin embargo, la respuesta del Gobierno municipal ha sido, a juicio del organismo estatal, insuficiente: en lugar de acatar la norma actual, el Ejecutivo local ha optado por anunciar su intención de tramitar una futura modificación del texto reglamentario, manteniendo mientras tanto la situación de incumplimiento.
Debido a esta falta de adecuación a las advertencias realizadas por la institución, el Defensor del Pueblo ha comunicado oficialmente que incluirá este expediente específico en su próximo informe anual ante las Cortes Generales, subrayando así la persistencia del desacuerdo entre ambas instituciones.
Reacciones políticas y preocupaciones ciudadanas
Por parte de la oposición, Mariano Cañas Velasco, concejal de Más Madrid Alcobendas, ha calificado la actitud del Ejecutivo local como «muy grave». Cañas sostiene que el equipo de Gobierno ha preferido «incumplir las normas» para, posteriormente, intentar modificarlas con el objetivo de dotar de una pátina de legalidad a sus actuaciones previas.
Más allá de la situación presente, la formación política ha manifestado su inquietud ante el nuevo borrador del Reglamento de Participación Ciudadana que actualmente se encuentra en fase de elaboración por parte del Gobierno municipal. Según las valoraciones de Más Madrid, este texto preliminar podría derivar en un retroceso significativo respecto a los derechos ciudadanos y a los mecanismos de participación real de los vecinos de Alcobendas.
Desde el gabinete de prensa de Más Madrid, se ha insistido en que su labor será la de mantener una vigilancia estrecha durante todo el proceso de tramitación del nuevo reglamento. El objetivo declarado es evitar cualquier limitación de los derechos vecinales y asegurar que la participación ciudadana en el municipio se mantenga como un ejercicio transparente, accesible y efectivo para todos los habitantes.
Por el momento, la situación pone de relieve la tensión existente en torno a los cauces de comunicación entre los representantes públicos y los vecinos durante las sesiones de control municipal. La próxima publicación del informe anual del Defensor del Pueblo ante las Cortes arrojará más luz sobre las implicaciones institucionales de este conflicto, mientras el Ayuntamiento se prepara para afrontar la reforma de su normativa participativa en un contexto de alta vigilancia por parte de las fuerzas de la oposición. La ciudadanía de Alcobendas permanece atenta a cómo se resolverán finalmente estos mecanismos que garantizan la visibilidad de sus aportaciones en la vida política local.
