Los vecinos del Distrito Urbanizaciones ya están demasiado acostumbrados a los problemas de limpieza en la zona generados por los dueños que no recogen tras sus mascotas. No es extraño que se compartan imágenes de excrementos de perro que se dejan en zonas peatonales y verdes, sobre todo alrededor de El Soto.
Lo llamativo es que estas quejas llegan después de las promesas más recientes sobre la situación hechas desde el Ayuntamiento de Alcobendas. El pasado mes de octubre se prometió una política de «tolerancia cero» con la suciedad generada por las mascotas, y el mensaje lo repetían también desde el Partido Popular. En ese momento se planteó crear un registro del ADN canino para ser capaces de descubrir a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.
Pero las medidas no han funcionado y, si en el mes de febrero ya se levantaba la voz desde la zona, la situación no ha cambiado demasiado. Se siguen viendo desechos animales en la zona y no hay grandes reportes de sanciones a los dueños, ni medidas suficientes para evitar que los animales callejeros generen este tipo de problemas en las zonas peatonales. Es un problema que se sigue multiplicando en el tiempo y sin una respuesta clara por parte de la alcaldía.
En cualquier caso, no es más que otra pieza dentro de los problemas de limpieza del municipio. Los problemas en la recolección y limpieza de la basura en algunas zonas son más que evidentes para los vecinos, y que los desechos animales queden en las zonas verdes y en las plazas en las que normalmente se pasean perros no hace más que evidenciar este problema.
PUBLICACIONES SIN EFECTO EN LAS REDES SOCIALES
En su momento, el PP hizo una publicación en X (la red social antes conocida como Twitter) reflejando la creciente preocupación por la convivencia en los espacios públicos del municipio. “Más limpieza. Más respeto. Más ciudad”, proclamaba entonces el comunicado, que remata con un claro lema: “Quien ensucia, PAGA”. Con ello, el partido pretende trasladar una imagen de mano firme ante un problema que parece minoritario en cifras, pero muy visible en la percepción ciudadana.
Si bien desde el Ayuntamiento se pide que se cumpla con las normas de convivencia normales y que se respeten sobre todo las zonas verdes donde se ven más desechos, los vecinos afectados —que han sentido la incomodidad de compartir su espacio con el excremento generado por dueños de mascotas poco cívicos— señalan la necesidad de ir más allá y de aplicar las sanciones que describe la ley. En el caso de la Comunidad de Madrid, las sanciones pueden ir desde los 300 hasta los 600 euros, por lo que es clave que empiece a aplicarse como medida disuasoria. La primera de las cifras es la sanción estándar, y este monto puede ir subiendo en casos de reincidencia.
Además, otros municipios de la Comunidad de Madrid ya han aplicado medidas como el control de ADN de las mascotas locales; en Tres Cantos ya se ha creado el famoso registro de ADN canino. Así lo confirmaba en el mes de enero Mario Arancón, concejal de Salud Pública de Tres Cantos, en un reportaje publicado por Telemadrid. «El objetivo fundamental es la limpieza de las calles: tener todas las aceras y parques del municipio limpios de excrementos para que podamos disfrutar de ellos de la mejor manera posible», insistía el político durante el mes de enero.
En el caso de Alcobendas, de momento la iniciativa se ha quedado en una primera idea que no se ha transformado en una propuesta firme. Si bien ya existe un censo canino en el Ayuntamiento, la idea de un registro de ADN es más complicada y obliga a apurar algunos procesos. El experimento de Tres Cantos prueba la utilidad de estas medidas, aunque también requiere una importante inversión tecnológica.
UNA MOLESTIA PERMANENTE PARA LOS VECINOS
En cualquier caso, es un problema que sigue generando molestias para los vecinos de la zona y que no tiene aún una respuesta clara más allá de las declaraciones. Lo cierto es que en la Comunidad de Madrid está regulada la sanción que puede recibir el dueño de una mascota que no recoja su excremento, la cual puede ir de 300 a 600 euros, dependiendo de la reincidencia.
Pero si no se aplican las medidas de la ley, el problema no dejará de multiplicarse. La vigilancia y los avisos disuasorios son clave, pues las experiencias en la Comunidad de Madrid muestran que aplicar las normativas actuales sirve para controlar este tipo de situaciones.
