La formación política Alcobendas Adelante presentó este viernes una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por posibles irregularidades en el uso de contratos menores durante la presente legislatura en el Ayuntamiento de Alcobendas. Según explica el grupo, la decisión llega tras un análisis exhaustivo de más de 3.000 contratos formalizados por el consistorio. La revisión, aseguran, ha permitido detectar indicios que afectan a más de un centenar de expedientes cuyo importe conjunto supera los 1,4 millones de euros.
Desde la organización subrayan que el estudio realizado apunta a «patrones compatibles con prácticas como el fraccionamiento indebido de prestaciones y la reiteración de adjudicaciones mediante contratación menor para necesidades previsibles o periódicas».
Se trata de prácticas que, de confirmarse, podrían vulnerar el espíritu de la normativa de contratación pública, cuyo objetivo es garantizar la libre concurrencia, la transparencia y la eficiencia en el uso de recursos públicos. La contratación menor es una herramienta legal prevista para cubrir necesidades puntuales y de escasa cuantía, permitiendo agilizar procedimientos administrativos.
Sin embargo, su uso reiterado para cubrir servicios recurrentes o previsibles puede suscitar dudas jurídicas si se emplea para eludir procedimientos abiertos o negociados con mayor control y publicidad. Precisamente ese es el núcleo de la denuncia presentada ante el órgano fiscalizador.
Desde Alcobendas Adelante insisten en que esta actuación «no responde a un gesto político puntual, sino a una convicción democrática básica: el dinero público debe gestionarse con el máximo rigor, transparencia y responsabilidad».
En ese sentido, recalcan que han acudido «al órgano competente para fiscalizar el uso de fondos públicos», en referencia al Tribunal de Cuentas, para que sea esta institución la que determine si existen responsabilidades contables o administrativas.
La denuncia, a la que ha tenido acceso LA MORALEJA, no solo busca esclarecer la posible existencia de irregularidades técnicas, sino que también señala directamente al equipo de Gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Rocío García Alcántara (PP). La formación considera que es necesario analizar si la dirección política del Ayuntamiento ha actuado con la diligencia exigible en materia de contratación pública.
Además, el escrito pone el foco en lo que califican como «pasividad de una oposición municipal incapaz de ejercer una fiscalización efectiva». En su valoración política, advierten de que cuando el control institucional falla «la ciudadanía pierde, porque se normaliza la opacidad, se debilita la rendición de cuentas y se abre la puerta a prácticas que nunca deberían ocurrir en una administración moderna».
El portavoz del grupo, Juan Felipe Coy, explica en conversación con LA MORALEJA que han detectado «muchas incidencias y muchas posibles irregularidades. El dinero público debe gastarse en beneficio de los ciudadanos y en cumplimiento de la ley. Presentamos la denuncia porque creemos que se tiene que poner solución a esta situación».
LA GESTIÓN DEL PP, A EXAMEN
Más allá de la denuncia concreta, Alcobendas Adelante amplía el debate al modelo general de gestión económica del Ayuntamiento. La formación vuelve a criticar lo que considera un uso indiscriminado de recursos municipales en gastos que, a su juicio, no redundan en una mejora tangible de la calidad de vida de los vecinos y vecinas.
En este contexto, recuerdan que el equipo de Gobierno municipal cuenta con 12 asesores políticos con un coste anual de 495.000 euros y con 12 direcciones generales cuyo coste anual se aproxima a 1,2 millones de euros. Para Alcobendas Adelante, estas cifras evidencian «la incapacidad del equipo de Gobierno del Partido Popular para dirigir la ciudad con criterios de eficiencia y prioridades sociales».
La formación sostiene que el volumen de gasto en cargos de confianza y estructuras políticas contrasta con la situación financiera que, según las propias estimaciones municipales, afrontará el Ayuntamiento en los próximos años.
Desde Alcobendas Adelante aseguran que su objetivo no es generar ruido, sino contribuir a fortalecer las instituciones locales. «Seguiremos trabajando para lograr una administración transparente, que gaste solo en aquello que mejora la vida de nuestros vecinos y vecinas, de todos los distritos de nuestra ciudad, y que ponga fin a gastos, sueldos y cargos innecesarios», afirman.
Ahora será el Tribunal de Cuentas quien deba analizar la documentación aportada y determinar si existen indicios suficientes para abrir actuaciones formales. El proceso puede prolongarse durante meses, dado el volumen de contratos examinados y la complejidad técnica que conlleva revisar procedimientos administrativos.
