La crisis económica que atraviesa la aerolínea Plus Ultra ha llegado también a Alcobendas. La compañía española ha comunicado a sus trabajadores su intención de iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a sus centros de trabajo en Madrid, entre ellos sus oficinas centrales situadas en el municipio y su base operativa en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
La decisión llega en un momento especialmente delicado para la empresa, que atraviesa graves dificultades financieras, ha reducido sus conexiones internacionales y estudia una profunda reestructuración para intentar garantizar su supervivencia. Por el momento, la dirección no ha concretado cuántos puestos de trabajo podrían desaparecer, aunque el procedimiento afecta a una plantilla de 679 empleados en Madrid.
Alcobendas, entre los centros afectados por el ERE
La situación de Plus Ultra ha encendido las alarmas entre sus trabajadores después de que la dirección comunicase formalmente el pasado 12 de noviembre su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo. La compañía ha trasladado al comité de empresa la necesidad de acometer una reestructuración que incluye recortes de plantilla, reducción de flota y cancelaciones de rutas.
Uno de los aspectos que conecta directamente esta crisis con Alcobendas es que la aerolínea cuenta con oficinas en el municipio, además de su base operativa en el aeropuerto madrileño. Ambos centros forman parte del ámbito de afectación del ajuste laboral anunciado por la empresa.
Según la información trasladada a la representación legal de los trabajadores, el conjunto de estos centros de trabajo reúne a 679 empleados, de los cuales 668 están en activo y otros 11 se encuentran en situación de excedencia. Sin embargo, todavía no existe una cifra definitiva de despidos ni se ha detallado cómo se distribuirán las posibles salidas entre las distintas instalaciones.
estos centros de trabajo reúne a 679 empleados, de los cuales 668 están en activo y otros 11 se encuentran en situación de excedencia
La dirección también ha planteado otras alternativas para reducir los costes laborales, como suspensiones temporales de contratos o reducciones de jornada mediante un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Estas posibilidades tendrán que analizarse durante las negociaciones con los representantes de la plantilla.
El comité de empresa, por su parte, ha trasladado su preocupación por el deterioro de la situación económica y operativa de la compañía y ha asegurado que su prioridad será defender los puestos de trabajo y minimizar las consecuencias de cualquier medida.
Una crisis financiera que amenaza la continuidad de la aerolínea
Detrás de esta decisión se encuentra un importante deterioro de las cuentas de Plus Ultra. La compañía ha registrado pérdidas operativas de aproximadamente 31 millones de euros entre febrero y agosto de 2026, una situación que se ha visto agravada por el encarecimiento del combustible y las dificultades para conseguir nueva financiación.
Uno de los principales problemas es precisamente el coste del queroseno. Según la documentación trasladada a los representantes de los trabajadores, el gasto en combustible durante 2026 ha alcanzado los 104,83 millones de euros, frente a los 69,13 millones que la empresa había presupuestado inicialmente. Esto supone un incremento del 51,6%.
A esta situación se suman las dificultades de liquidez y la falta de avances concretos en las conversaciones con posibles inversores. La compañía también ha reconocido que necesita reforzar su estructura financiera para poder mantener su actividad a largo plazo.
El deterioro económico ha llevado a Plus Ultra a comunicar el inicio de negociaciones con sus acreedores para intentar alcanzar un acuerdo de reestructuración de su deuda. Este mecanismo le permite disponer inicialmente de tres meses para negociar, con posibilidad de solicitar una prórroga de otros tres.
Menos vuelos y una reducción de su actividad internacional
La crisis tampoco se limita al ámbito laboral. Plus Ultra ha comenzado a reducir su programación comercial y a suspender diferentes conexiones entre España y Latinoamérica.
Entre las rutas afectadas se encuentran las conexiones con Bogotá, Buenos Aires, Lima, Valencia (Venezuela) y Montevideo. La compañía también ha reducido las frecuencias de algunos de sus vuelos internacionales y ha planteado una disminución de su flota, que actualmente cuenta con seis aviones en operación.

Este recorte de actividad supone un cambio importante para una aerolínea que había construido buena parte de su negocio alrededor de las conexiones entre España y distintos destinos latinoamericanos.
La dirección pretende concentrar sus recursos en las operaciones que considera más rentables y mantener otras líneas de negocio, como los servicios de alquiler de aviones con tripulación, mantenimiento y seguros incluidos (ACMI).
El rescate público de 53 millones vuelve al centro de la polémica
La delicada situación de Plus Ultra también vuelve a poner el foco sobre el rescate público que recibió durante la pandemia. En marzo de 2021, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a la aerolínea 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
La financiación se articuló mediante dos préstamos: uno ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones de euros. La devolución de parte de esta deuda se ha convertido en otro de los problemas que afronta la compañía, que ya incumplió en marzo de 2026 el vencimiento del préstamo ordinario.
Además, el rescate se encuentra bajo investigación judicial en la Audiencia Nacional por las circunstancias que rodearon su concesión y los movimientos económicos relacionados con la aerolínea.
De esta manera, la crisis de Plus Ultra abre un nuevo escenario de incertidumbre para sus trabajadores en Madrid, incluidos los de sus oficinas de Alcobendas. El futuro de la plantilla dependerá ahora de las negociaciones entre la dirección y los representantes laborales, mientras la empresa trata de encontrar una salida a sus problemas financieros y evitar que la reestructuración termine comprometiendo su continuidad.


