El futuro del exclusivo Complejo Deportivo Golf Park, situado en el corazón de la zona norte de Madrid, pende de un hilo judicial. Lo que comenzó como una investigación sobre el uso del agua ha mutado en un escándalo de calado mayor: la Fiscalía de Madrid estudia ya una posible prevaricación y delito urbanístico tras la denuncia de que este recinto privado se asienta, presuntamente, sobre suelo calificado como zona verde pública.
Esta nueva ofensiva legal pone contra las cuerdas al Ayuntamiento de Alcobendas y a la sociedad Golf Park Entertainment. Según los denunciantes, la ocupación de terrenos públicos para una actividad comercial lucrativa vulnera de forma flagrante el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, lo que podría derivar en una querella criminal contra varios altos cargos municipales y los propios responsables del campo.
El búnker de La Moraleja bajo la lupa de la Fiscalía
El fiscal Francisco Javier Sarría tiene ahora sobre su mesa una patata caliente que apunta directamente al corazón del urbanismo madrileño. La asociación Ecología y Libertad sostiene que el complejo deportivo se apropió de suelo público destinado originariamente a parques y jardines de libre acceso para los ciudadanos. Esta «privatización» encubierta de la zona verde VP-1 del Polígono 18 ha operado con total impunidad, según el escrito, desde su fundación a finales de los noventa.
Lo que resulta más sangriento para la acusación es la supuesta inacción municipal ante las advertencias previas de irregularidades. Los denunciantes afirman que el consistorio evitó realizar inspecciones técnicas, emitiendo resoluciones que negaban infracciones sin haber comprobado siquiera la linde de las parcelas. Este silencio administrativo es lo que ha llevado a señalar a la alcaldesa y al concejal de Urbanismo como presuntos cooperadores en una trama de trato de favor.
El pozo sin fondo de las extracciones ilegales de agua
Antes de que estallara la bomba urbanística, la Fiscalía ya rastreaba el rastro del agua en los nueve hoyos del complejo. Los informes técnicos sugieren que el campo está realizando una captación de aguas subterráneas que multiplica por mucho el límite legal de 7.000 metros cúbicos anuales concedido por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Mantener ese «oasis» verde en pleno parque empresarial requiere un volumen hídrico que, sencillamente, no cuadra con los permisos oficiales.
La situación es crítica porque, según la evaluación ambiental vigente, el riego debería nutrirse de aguas regeneradas de la depuradora del Arroyo de la Vega. Sin embargo, la realidad a pie de campo apunta a que el uso de sondeos ilegales ha sido la norma para abaratar costes de mantenimiento a costa de los acuíferos locales. Si se confirma el exceso, los responsables se enfrentarían a graves penas por delitos contra el medio ambiente.
Una cúpula política señalada por supuesta prevaricación
La ampliación de la denuncia no se queda en la empresa gestora, sino que escala hasta el despacho de los máximos responsables de Alcobendas. La acusación apunta a que la directora general de Urbanismo y el propio arquitecto municipal habrían mirado hacia otro lado de forma sistemática durante años. Para los ecologistas, no se trata de un error administrativo, sino de una voluntad clara de proteger un negocio privado frente al interés general de los vecinos.
El escrito de la asociación es contundente al afirmar que el fin de esta supuesta dejadez era permitir que Golf Park ejerciera su actividad contra ley. Resulta sospechoso que ninguna queja administrativa prosperase dentro de los cauces habituales del Ayuntamiento, forzando a los denunciantes a judicializar el caso por la vía penal. La Fiscalía deberá decidir ahora si existe una red de protección política o si todo responde a una negligencia de escala monumental.
El campo de la discordia: ¿ocio abierto o negocio irregular?
Golf Park siempre se ha vendido como un concepto de «puertas abiertas» donde no es necesario ser socio para disfrutar de sus instalaciones de alta calidad. No obstante, esa imagen de servicio a la comunidad choca frontalmente con el destino privado de beneficios que genera una instalación construida en suelo que debería ser, teóricamente, un parque de uso libre. El modelo de negocio se basa, precisamente, en cobrar por algo que se asienta sobre lo que es de todos.
Si la investigación de la Fiscalía de Madrid termina en querella, el campo de golf podría enfrentarse a órdenes de cierre o incluso demolición de estructuras no autorizadas. Lo que es seguro es que la batalla legal en Alcobendas acaba de entrar en su fase más agresiva, con el patrimonio público y el medio ambiente como principales campos de batalla. La Moraleja asiste a un pulso judicial que puede cambiar para siempre su mapa urbanístico.
Un laberinto judicial que amenaza con salpicar al PP
Dado que el Ayuntamiento está actualmente gobernado por el Partido Popular, la presión política sobre la alcaldesa Rocío García Alcántara ha subido de tono. Los denunciantes sugieren que la continuidad de las licencias bajo sospecha responde a una herencia de gestión que nadie ha querido auditar por miedo a lo que pudiera aparecer bajo el césped. La sombra de la corrupción urbanística vuelve a sobrevolar una de las zonas más ricas de España con una fuerza inusitada.
El fiscal Sarría tiene en sus manos la decisión de si archiva las diligencias o si, por el contrario, sienta en el banquillo a la cúpula municipal. De momento, el nerviosismo en la casa consistorial es palpable, ya que una imputación por prevaricación podría forzar dimisiones en cadena justo en el ecuador de la legislatura. El caso Golf Park ha dejado de ser una disputa de vecinos para convertirse en una amenaza real para la estabilidad política de Alcobendas.
