En diciembre de 1990, cuando aún nadie hablaba de procés en clave catalana pero sí de la independencia de los territorios forales, un agitado debate marcó la agenda municipal de la entonces socialista Alcobendas. Gobernada desde 1979 por el PSOE, la ciudad vivía una tensión soterrada con su distrito más exclusivo: la urbanización de La Moraleja. Entre chalés, lagos artificiales y seguridad privada, comenzó a tomar forma un movimiento vecinal que cuestionaba su pertenencia al municipio y que llegó a plantear abiertamente la secesión.
Hace 35 años, la zona VIP por excelencia de España acogió un debate ruidoso y mediático que tenía menos de épica identitaria y más de agravio fiscal y político. Los vecinos se quejaban de pagar muchos impuestos a cambio de servicios que consideraban deficientes, mientras el Ayuntamiento invertía prioritariamente en el casco urbano.
En realidad, tras aquel impulso secesionista latía una masa social mayoritariamente conservadora, incómoda con la hegemonía socialista que gobernó Alcobendas entre 1979 y 2007 —24 de esos años con José Caballero al frente— y, por extensión, la urbanización más exclusiva del municipio. La independencia fue para muchos más una herramienta de presión que un objetivo real.
Uno de los firmantes de aquella iniciativa fue Ignacio García de Vinuesa, que años después acabaría siendo alcalde por el Partido Popular (2007-2019). En 2019 recordaba así aquel episodio: «Había quien quería la independencia, pero para la mayoría de los vecinos aquello no fue otra cosa que una queja justificada para llamar la atención. Por eso firmé. Y luego me presenté a la alcaldía de Alcobendas para cambiar las cosas».
La historia no era nueva dentro del Estado español. Julio Anguita vivió algo similar en Córdoba tras conquistar la alcaldía en 1979 bajo las siglas del PCE. Representantes de barrios acomodados acudieron al consistorio a exigir más inversiones y el alcalde fue tajante: las prioridades estaban en los barrios con necesidades más acuciantes. La sinceridad, contaba después Anguita, le granjeó incluso votos entre quienes se sintieron perjudicados.
TERRITORIOS URBANIZACIONES
El llamado Distrito Urbanizaciones —La Moraleja, El Soto, Arroyo de la Vega, El Encinar-Alcobendas, Cuestablanca o el Parque Empresarial— concentra más de 25.000 personas, lo cual supone más del 20% de la población de Alcobendas, pero ocupa 4.526 hectáreas, el 58% del término municipal. Es un territorio ocho veces mayor que el distrito Centro de Madrid, aunque con seis veces menos población.
Esa baja densidad ha sido siempre uno de los argumentos municipales para explicar el mayor coste de los servicios. A finales de los años 80 y principios de los 90, los movimientos vecinales de La Moraleja y El Encinar de los Reyes llegaron a plantear no solo la segregación de Alcobendas, sino incluso la anexión de partes del Encinar a Alcobendas para dejar de tributar a Madrid.
El nacionalismo deluxe creció entre unos vecinos VIP que creían que podían gestionar mejor sus recursos. Las reivindicaciones eran claras: limpieza, seguridad y el fin de la llamada ‘doble imposición’, al pagar impuestos municipales y, además, cuotas a las entidades de conservación para mantenimiento, jardinería y vigilancia privada. «Pagamos de más respecto a lo que recibimos», decían.
El actual portavoz socialista en Alcobendas, Ángel Sanguino, reconocía hace unos meses en conversación con LA MORALEJA que ese sentimiento de agravio sigue existiendo. «Es comprensible el sentimiento de agravio. Durante la etapa de Pepe Caballero (2003-2007) se hicieron obras en urbanizaciones, pero el desarrollo de La Moraleja no iba al mismo ritmo que el casco urbano».
Sanguino recuerda además una promesa incumplida que sigue pesando en la memoria colectiva: «Ignacio García de Vinuesa prometió en 2007 eliminar las entidades de conservación para evitar que los vecinos paguen dos veces por servicios. Este era un objetivo que luego fijaron para 2015, pero lo volvieron a incumplir (. . .) El problema del PP con La Moraleja es que cree que siempre tendrá sus votos».
«Ignacio García de Vinuesa prometió en 2007 eliminar las entidades de conservación»
Con el paso del tiempo, el expediente secesionista fue ‘archivado’ por falta de firmas, el desarrollo del Arroyo de la Vega cosió urbanísticamente el municipio y la independencia quedó herida de muerte. Pero el malestar fiscal y la percepción de abandono nunca desaparecieron del todo.
ROCÍO GARCÍA ALCÁNTARA ALIMENTA EL REGRESO
Hoy, cuando se cumplen 35 años de aquel procés moralejeño, la polémica vuelve a sobrevolar la política local de Alcobendas. Desde la oposición señalan directamente a la actual alcaldesa, Rocío García Alcántara (PP), por una dejación prolongada en la gestión del distrito Urbanizaciones, al que acusan de haber pasado de ser una prioridad estratégica a convertirse en un bastión electoral tratado con piloto automático.
Según estas voces críticas, el Partido Popular ha dado por sentado que el voto de La Moraleja, El Soto y El Encinar le pertenece de forma casi estructural, lo que habría provocado una relajación evidente en la atención a los problemas cotidianos: mantenimiento urbano, limpieza, movilidad, seguridad o la eterna cuestión de la doble imposición ligada a las entidades de conservación.
El riesgo, advierten desde la oposición municipal, no es tanto un nuevo intento formal de secesión —un escenario hoy jurídicamente inviable— como un castigo político silencioso pero contundente en las urnas en 2027. El cambio de ciclo podría materializarse en forma de abstención, fuga de voto o incluso apoyo a opciones alternativas dentro del propio espacio conservador.
Sería, además, una paradoja histórica: que el malestar que hace 35 años se articuló contra la hegemonía socialista y alimentó un movimiento independentista simbólico, termine ahora volviéndose contra el Partido Popular, precisamente por asumir que los votos de las urbanizaciones son cautivos.
En La Moraleja, donde la memoria fiscal y el sentimiento de agravio nunca desaparecieron del todo, la historia demuestra que la lealtad política no es eterna.
