La aprobación de la construcción de un nuevo barrio en el paraje de los Los Carriles de Alcobendas, rebautizado como Valgrande, ha puesto en guerra a la corporación Municipal de Más Madrid. Y es que hay que recordar que Tras un tortuoso periplo legal que culminó con una anulación en 2019 por el Tribunal Supremo, la iniciativa para edificar 8.600 viviendas en un estratégico corredor ecológico no solo ha resucitado, sino que lo ha hecho con el apoyo insólito de un arco parlamentario que abarca desde el Partido Popular hasta el PSOE, pasando por VOX. El proyecto, lejos de ser una simple planificación municipal, se ha convertido en el símbolo de la lucha entre la necesidad acuciante de vivienda en el norte de Madrid y el temor, espoleado por colectivos y la oposición de Más Madrid, a una nueva burbuja de especulación inmobiliaria y un daño ambiental irreversible para la zona.
El verdadero núcleo de esta crónica reside en la sentencia que, hace apenas seis años, dictó el Tribunal Supremo. En 2019, la más alta instancia judicial del país propinó un golpe demoledor al Plan Parcial de Los Carriles. Sin embargo, no fue el fondo, ni el debate sobre la necesidad de vivienda, lo que motivó el fallo, sino un error procesal de magnitud: la ausencia de una evaluación ambiental estratégica adecuada.
El epicentro de la discordia legal fue una infraestructura accesoria pero monumental: la construcción de un caballón o montaña artificial de 1.300 metros de longitud y hasta 22 metros de altura, diseñado para soterrar y ocultar una línea de alta tensión. El Supremo fue taxativo: una obra de esa envergadura, con impacto paisajístico y ambiental directo, requería una evaluación específica que no se había realizado o se había despachado de forma incorrecta.
La sentencia de 2019 supuso la anulación total del Plan Parcial y el Plan Especial de Infraestructuras asociado. El proyecto quedó en suspenso, un “cadáver urbanístico” con la etiqueta de ilegal. No obstante, la victoria de ecologistas y opositores fue pírrica. El Alto Tribunal, aunque frenó el instrumento de planeamiento, no admitió la desclasificación del suelo. El sector de Los Carriles mantuvo su calificación de urbanizable, dejando abierta la puerta a su inevitable regreso.
Y ese regreso se ha materializado. La Junta de Compensación y el Ayuntamiento han subsanado el error técnico, elaborando y tramitando un nuevo Plan Parcial que incorpora la evaluación ambiental favorable requerida para la polémica infraestructura. El proyecto ha vuelto a la mesa de diseño y ha obtenido la aprobación inicial, desencadenando la enésima batalla judicial y política.
¿VIVIENDA ASEQUIBLE O ‘EFECTO EXPULSIÓN’?
El principal argumento esgrimido por los defensores del desarrollo (PP, PSOE y VOX) es la creación de 8.600 viviendas, de las cuales se promete que el 55% —cerca de 5.000 unidades— será de Vivienda de Protección Pública (VPP). El PSOE de Alcobendas ha enarbolado esta cifra como su gran conquista, asegurando que se revierte la «especulación del PP» para paliar la desesperada necesidad de suelo en un mercado saturado.
Sin embargo, el optimismo de los defensores se estrella contra la cruda realidad de los precios regulados de la VPP en la Comunidad de Madrid. Alcobendas se encuentra en la Zona A, la de mayor precio máximo. Analizando los módulos de 2024, el precio de venta de una VPP Básica (VPPB) puede alcanzar legalmente más de 2.500 euros por metro cuadrado útil.
La cruda realidad es que una vivienda media de 80 m² útiles, más garaje y trastero, puede superar holgadamente los 240.000 €.
Aunque esta cifra es significativamente inferior a los 4.000 euros/m² del mercado libre en Alcobendas, supone una barrera de entrada casi infranqueable para la juventud y las familias de renta media o baja de la localidad. La hipoteca resultante sigue siendo inasumible.
El escepticismo se refuerza al observar los precios de alquiler en desarrollos protegidos cercanos, como el Plan Vive en San Sebastián de los Reyes: rentas mensuales que oscilan entre los 839 euros por un apartamento de un dormitorio y más de 1.000 euros por uno familiar. Estas cifras consolidan la crítica de Más Madrid: el proyecto, más que ofrecer una solución de urgencia social, está favoreciendo un modelo de Vivienda de Precio Limitado (VPPL) que atrae a inquilinos y compradores con mayor poder adquisitivo, provocando un temido «efecto expulsión» de los residentes tradicionales de Alcobendas.
LA ZONA EN EL PUNTO DE MIRA DE LA COMISIÓN EUROPEA
A la contienda legal y política se suma una dimensión internacional que añade una inestabilidad jurídica de alto voltaje. Los colectivos ecologistas, agrupados en torno a la Plataforma Ciudadana Salvemos Los Carriles, han elevado la disputa a la Comisión Europea.
La denuncia, aceptada a trámite por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, sostiene que el macroproyecto amenaza la biodiversidad de una dehesa que actúa como un corredor ecológico fundamental. Esta franja de naturaleza conecta espacios protegidos de la máxima relevancia, como el Monte de El Pardo y el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (Reserva de la Biosfera y ZEPA).
La Comisión Europea ha confirmado que investigará la denuncia, evaluando si el desarrollo de Valgrande se ajusta a la estricta normativa medioambiental de la Unión Europea, incluyendo la Directiva Hábitats.
Esta acción de Bruselas actúa como una supervisión externa y es una espada de Damocles sobre el futuro del proyecto. Los opositores esperan que la presión europea, centrada en la protección del medioambiente, pueda lograr lo que no consiguió la anulación del Supremo: modificar o detener sustancialmente el desarrollo.
CONVERGENCIA DE INTERÉSES
La unanimidad en el apoyo al proyecto entre partidos ideológicamente distantes (PP, PSOE, VOX) es un fenómeno que revela la complejidad de la planificación urbana a gran escala. Más allá del debate sobre la especulación, existen diversos intereses que explican este consenso:
- Necesidad de suelo consensuada: Existe un acuerdo tácito en que el norte de Madrid requiere suelo urbanizable para moderar la escalada de precios, independientemente de la titularidad del promotor.
- Ingresos municipales: La urbanización de un sector de esta magnitud garantiza ingresos extraordinarios para las arcas municipales (licencias, impuestos de construcción y aprovechamiento urbanístico), esenciales para financiar servicios públicos.
- Compromisos de larga data: Los grandes proyectos urbanísticos son gestaciones de años, con acuerdos previos con administraciones y propietarios del suelo. Revertir el proceso es política y económicamente costoso.
- Desarrollo económico: Los defensores esgrimen la creación de casi 4.000 empleos durante la construcción y la dinamización de la economía local con 55.000 m² de sector terciario.
El proyecto de Los Carriles, rechazado por el Supremo en 2019 y ahora resucitado, se erige así como ejemplo de la crisis habitacional que vive la Comunidad de Madrid y de los desafíos urbanísticos del siglo XXI. Un campo de batalla donde colisionan la urgencia social por la vivienda, los intereses económicos del ladrillo, la sostenibilidad medioambiental y la seguridad jurídica. El nuevo plan, al haber subsanado, en teoría, el error procedimental, se siente blindado ante los tribunales nacionales, pero la amenaza de Bruselas y la desconfianza ciudadana sobre el precio final de la VPP mantienen el futuro de Valgrande en un precario equilibrio.
