Los toboganes precintados del Parque Forestal Princesa Leonor han dejado de ser solo un problema de seguridad infantil. La polémica se ha trasladado al terreno político, donde el grupo municipal Más Madrid Alcobendas reclama al Gobierno del PP una respuesta que, según afirma, lleva veinte días esperando.
El eje del conflicto ya no es solo por qué se lesionaron varios menores, sino qué papeles existían cuando el parque abrió sus puertas. La oposición asegura que pidió esa documentación antes de la apertura y que no la ha recibido. El Ayuntamiento, por su parte, no ha hecho pública por el momento ninguna respuesta a esa petición.
Un calendario que alimenta la disputa
Las fechas son la base de la denuncia. Según Más Madrid, el concejal Mariano Cañas registró el 15 de septiembre una solicitud formal de documentación. El parque celebró su fiesta inaugural el 19 de septiembre, apenas cuatro días después de esa petición.
La oposición recuerda que el Reglamento Orgánico del Pleno fija, según su versión, un plazo máximo de cinco días naturales para entregar la información que piden los concejales. De ser así, ese margen habría vencido el 20 de septiembre, un día después de la inauguración. Desde entonces han pasado veinte días desde el registro de la solicitud, y Más Madrid afirma que la documentación sigue sin entregarse.
Los documentos que se reclaman
La lista de lo solicitado es concreta. Más Madrid pide el Acta de Recepción Final de la Obra, el documento que formaliza que la obra se ha entregado y aceptado. Reclama también el Plan de Seguridad y Autoprotección del recinto y los certificados de homologación del equipamiento.
Estos últimos son el punto más sensible. La oposición exige que se acredite el cumplimiento de las normas europeas UNE-EN 1176 y 1177, que regulan la seguridad de los equipamientos y las superficies de las áreas de juego infantiles. Que esos certificados existan o no es, a día de hoy, la gran incógnita del caso.
Del cierre de los toboganes a la petición de atestados
La información publicada hasta ahora indica que los dos grandes toboganes permanecen cerrados de forma provisional por los golpes que sufrieron varios niños, algunos con heridas que requirieron puntos. El problema se localiza, según esas informaciones, en el tramo curvo de ambas atracciones. Todavía no se ha precisado cuándo podrían reabrirse.
Con ese punto de partida, Cañas ha dado un paso más y ha registrado una segunda exigencia formal. Va dirigida a la alcaldesa, Rocío García Alcántara, y al concejal delegado de Seguridad, Carlos Rodrigo Medina. En ella solicita, además de la documentación, copia de los posibles atestados policiales abiertos por las lesiones y el detalle de las medidas correctoras previstas.
Lo que no se sabe
Hay varias cuestiones sin confirmar. No consta públicamente si existen atestados policiales ni cuántos menores resultaron heridos. Tampoco se sabe si el Ayuntamiento ha iniciado una revisión técnica del equipamiento ni si el fabricante o la empresa instaladora han intervenido.
También conviene distinguir entre hechos y valoraciones. Las expresiones de Más Madrid, como «gestión negligente» u «opacidad», son calificaciones políticas de un grupo de la oposición, no conclusiones de una investigación. Sí está documentado el cierre de los toboganes. En cambio, el supuesto retraso en la entrega de documentos y la falta de certificados se apoyan, de momento, en la versión del grupo que los denuncia.
Qué puede ocurrir ahora
El siguiente movimiento corresponde al equipo de gobierno. Puede entregar la documentación, explicar por qué no lo ha hecho o aportar los certificados que, en su caso, avalen la apertura. Cualquiera de esas respuestas permitiría contrastar la denuncia con datos y no solo con declaraciones.
Mientras tanto, la oposición ha dejado claro que mantendrá la presión y que reclama responsabilidades políticas. Si la documentación no llega, no se descarta que el asunto vuelva a plantearse en el Pleno municipal, donde los grupos podrían pedir explicaciones públicas.
