El mercado inmobiliario de Madrid ha echado de su casa a Maricarmen, 87 años, silla de ruedas, décadas en el barrio de Retiro. Porque el mecanismo que la ha puesto en la calle es el mismo que está tensando los alquileres en La Moraleja, El Encinar de los Reyes y el Soto de La Moraleja.
Los números del caso son de los que se quedan grabados. Maricarmen pagaba 500 euros al mes por un piso donde llevaba viviendo más de medio siglo. La sociedad que compró el edificio, Urbagestión, quería subirle la renta hasta los 2.650 euros. Es decir, multiplicar por cinco la cuota de una mujer que lleva dos décadas en silla de ruedas. Hace unos días, con la orden judicial en la mano, decenas de agentes de la Policía Nacional ejecutaron el desahucio a las puertas de su casa.
Pocas horas después, miles de personas se concentraban en Chamberí frente al ático que el Gobierno de la Comunidad de Madrid compró hace unos años. La convocatoria la lanzó el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, en apenas seis horas. Lo que empezó como una protesta por una vecina mayor acabó convertido en una foto con muchos jóvenes y un mensaje claro: aquí ya nadie tiene la última palabra.
Lo que ha pasado con Maricarmen no es solo cosa de Retiro
Nos lo preguntamos mucho en la redacción. Sí, es un caso extremo. Pero no es raro. Desde hace años, el negocio del alquiler en Madrid lo dominan fondos de inversión y sociedades que compran edificios enteros para exprimir la renta. Y esas sociedades no distinguen, Retiro de Alcobendas cuando hacen su cálculo de rentabilidad.
La presidenta Ayuso decía esta misma semana que “cada vez más propietarios tienen miedo a poner su vivienda en alquiler”. Las cifras no la acompañan: nunca se hizo tanto negocio con el alquiler en España como ahora. Una cosa es el relato político y otra la cuenta de resultados de los grandes tenedores.
Qué está pasando ya con los alquileres en el norte de Madrid
En La Moraleja, El Encinar, Soto de La Moraleja, Arroyo de la Vega, Tempranales o Dehesa Vieja, la película se parece bastante. Los propietarios tradicionales siguen ahí, pero cada vez más los compradores son family offices, fondos de inversión o sociedades patrimoniales que se quedan el activo y lo rentabilizan. Cambia el casero, cambian las reglas.
Lo notamos en las comunidades de propietarios de Fuente Hito, donde las juntas vienen últimamente con el tema del alquiler de temporada encima de la mesa. Un contrato de 12 meses topado por la Ley de Vivienda convive mal con la tentación de la corta estancia, que no está sujeta a esos topes. El resultado lo ves tú, cuando buscas piso y te encuentras con que la misma vivienda se anuncia por bastante más que hace tres años. Sin obra de por medio. Solo por el paso del tiempo y la costumbre del mercado.
El precedente que debería preocuparnos en Alcobendas y Sanse
Vamos con la parte que no sale en los titulares. En la zona norte, el mercado lleva años subiendo por encima de la media regional. Y no es solo por la calidad de los colegios o la cercanía a la A-1. Es, sobre todo, porque hay dinero dispuesto a pagar lo que sea por vivir aquí. Ese dinero no siempre compra para vivir: muchas veces compra para alquilar.
Mira Pozuelo, que se parece bastante. Cuando los fondos institucionales entraron a fondo en su mercado residencial, las rentas de la zona subieron por encima de la inflación en pocos años y hoy figura entre los municipios con el alquiler más caro de la Comunidad. Aquí, con La Moraleja y El Encinar en el mapa, el potencial es el mismo o mayor. No es catastrofismo: es mirar lo que ha pasado ahí al lado.
Y ojo con el detalle normativo. La Ley de Vivienda topa las subidas en contratos vigentes, pero no impide que, cuando el contrato acaba, el propietario ponga el precio que le venga en gana. Ni impide que ese mismo propietario pase la vivienda al alquiler de temporada y esquive los topes. Esa es la trampilla por la que se está colando medio mercado. En fin, cosas de Madrid.
Los plenos municipales de Alcobendas y Sanse tienen el asunto en la agenda de este otoño. Veremos si la retórica se convierte en ordenanza o se queda en una moción bonita archivada en un cajón. La presión social, esta vez, viene con fuerza y con jóvenes. Y con casos como el de Maricarmen, que ya no se pueden desoír sin que algo se rompa.
