Las cañerías del poder en Madrid vuelven a expulsar un fango que mezcla la alta política con el negocio inmobiliario de lujo, teniendo como escenario principal uno de los códigos postales más exclusivos de España. El sumario del bautizado como ‘Caso Leire’, instruido en la Audiencia Nacional, ha destapado una de las ramificaciones más ambiciosas de la trama corrupta, cuyo centro de operaciones se blindó tras los muros de la urbanización de La Moraleja.
Según los últimos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la antigua militante del PSOE, Leire Díez, y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Vicente Fernández, convirtieron los salones de esta elitista zona del norte de Madrid en el cuartel general idóneo para diseñar la transformación ilegal de importantes bolsas de suelo público.
La elección de La Moraleja no fue casualidad, sino un elemento estratégico fundamental para el éxito de la trama. Los implicados buscaban la discreción absoluta y el anonimato que ofrecen las mansiones de esta zona residencial, lejos de los despachos oficiales y de las miradas de los medios de comunicación. En este entorno blindado se celebraron las reuniones clave de alto nivel donde se decidía el futuro de parcelas pertenecientes a organismos de gran peso como el Ministerio de Defensa y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Las citas en La Moraleja servían para desplegar mapas del Estado, marcar con rotulador los terrenos que pretendían privatizar y pactar las comisiones millonarias con un importante promotor madrileño, alejados por completo del control público.
Fuente: LA MORALEJA
Tráfico de influencia en la lujosa urbanización del norte de Madrid
El mecanismo diseñado por la red combinaba el tráfico de influencias políticas con la total opacidad que les brindaban sus encuentros en la exclusiva urbanización. Vicente Fernández, aprovechando el control que aún pretendía ejercer sobre el holding estatal, coordinaba junto a Díez la manera de sortear las trabas administrativas mientras compartían confidencias en la zona residencial. La intención del grupo, que utilizaba la aplicación cifrada Hirurok para organizar estas citas clandestinas, era empaquetar el suelo público, forzar su recalificación urbanística y traspasarlo al sector privado. El lujo de La Moraleja sirvió de telón de fondo para un plan que anteponía el enriquecimiento personal al desarrollo estratégico de las infraestructuras del país.
Sin embargo, la conspiración inmobiliaria fraguada en las reuniones de La Moraleja terminó encallando antes de dar sus frutos financieros definitivos. Los documentos incautados revelan que los planes del tándem se toparon con la firme resistencia de la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, quien bloqueó los intentos de la trama por recuperar formalmente el mando del holding. Ante este obstáculo, y durante los encuentros en la urbanización, los implicados planearon de forma desesperada colocar a la propia Leire Díez como jefa de Gabinete del organismo para desbloquear los expedientes internos y asegurar las mordidas de un patrimonio nacional que trataban como si fuera propio.
El escándalo ha puesto al descubierto cómo los salones privados de La Moraleja se convirtieron en la sala de máquinas de una red que utilizaba el suelo estatal como moneda de cambio. Con el sumario desclasificándose por días, la Audiencia Nacional trata ahora de dirimir el alcance total de los delitos de malversación, tráfico de influencias y falsedad documental de una trama que pretendía reescribir el urbanismo madrileño. Las citas de La Moraleja evidencian que la corrupción buscó el aislamiento de la alta sociedad para planificar el expolio de los recursos públicos.
