Las imágenes de las excavadoras trabajando en el Cerro del Baile no pasaron desapercibidas este martes. Numerosos vecinos que transitaban por la zona pudieron comprobar el avance de los movimientos de tierra en uno de los desarrollos urbanísticos más importantes previstos en San Sebastián de los Reyes. Sin embargo, la actividad registrada sobre el terreno ha reavivado una pregunta que desde hace semanas se hacen colectivos ecologistas y parte de la ciudadanía: ¿se están realizando estos trabajos con todas las garantías legales y medioambientales exigidas?
La cuestión ha cobrado especial relevancia tras la denuncia presentada por Ecologistas en Acción, que alertó de posibles irregularidades relacionadas con las actuaciones que se están llevando a cabo en este ámbito. La organización ecologista ha solicitado la intervención de la Justicia para esclarecer si los trabajos iniciados cumplían con la normativa vigente y con los procedimientos administrativos necesarios.
¿Por qué Ecologistas en Acción ha llevado al Ayuntamiento de Sanse a los tribunales?
El colectivo ecologista no ha tenido otra salida. Según explican, el Ayuntamiento ha ignorado sistemáticamente todas sus peticiones para revisar los papeles de la obra. «Falta total de transparencia», claman. Lo que saben lo han conseguido a cuentagotas. Y eso, sumado a lo que ven sobre el terreno, les bastó para acudir a la vía judicial apoyados por la Plataforma Dehesa Viva, que agrupa a varias asociaciones vecinales de Sanse.
Las acusaciones no son menores. Ecologistas en Acción asegura que el Consistorio «mintió» al anunciar que las obras empezarían el 1 de junio de 2026. Las máquinas llevaban semanas trabajando sin vallas de seguridad, con horarios que se saltan la normativa de ruido y levantando nubes de polvo que ensucian el aire y ponen en riesgo la salud respiratoria de los vecinos, sobre todo niños y ancianos. Más de 50 excavadoras y camiones pesados han arrasado casi todo el paisaje, sin que mediara un solo aviso claro a los residentes.
Lo que el juez ha exigido y el Ayuntamiento aún no ha entregado
La respuesta judicial llegó desde el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, que ya ha admitido a trámite los recursos. El pasado 21 de mayo, el juez requirió al Ayuntamiento que entregara toda la documentación del proyecto en un plazo máximo de 20 días. Ese plazo venció el 9 de junio, y según fuentes de Ecologistas en Acción, a día de hoy no se ha presentado nada con respecto a uno de los sectores afectados.
La negativa a cumplir el requerimiento judicial, aunque sea parcial, tiene un efecto demoledor sobre la credibilidad del Consistorio. Si la obra fuera impecable, ¿por qué tanto silencio? La asociación recuerda que el Cerro del Baile no es un solar cualquiera: conecta directamente con la Dehesa Boyal, protegida dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, y su destrucción sin escuchar a los ciudadanos es un atropello ambiental.
El silencio del Ayuntamiento no es solo falta de transparencia: es un desprecio a los vecinos que ven cómo arrasan su entorno sin explicaciones.
Cuando callar sale caro: el precedente que debería preocupar en Sanse
No es la primera vez que un proyecto urbanístico en San Sebastián de los Reyes desata una tormenta de opacidad. En 2018, el intento de recalificar la Dehesa Boyal ya provocó una movilización vecinal masiva que obligó al Ayuntamiento a dar marcha atrás. Aquella experiencia demostró que callar ante las dudas del vecindario solo multiplica la desconfianza y acaba judicializando procesos que podían haberse resuelto con transparencia.
Hoy, con la Comisión de Transparencia de la Comunidad de Madrid ya informada y un juez esperando documentos, el Consistorio se arriesga a una sanción y a un varapalo reputacional del que le costará recuperarse. El modelo de viviendas previsto tampoco resolverá, según los ecologistas, el problema de acceso residencial en la ciudad; pero ese debate, con las máquinas rugiendo y el polvo en el aire, ahora parece secundario. Mientras el Ayuntamiento no entregue los papeles, cualquier vecino tiene derecho a sospechar.
