Pecera y Akuario, los programas de atención municipal a la infancia en riesgo de exclusión social en Alcobendas, se encuentran en el centro de una creciente polémica política y social. El grupo municipal Más Madrid ha denunciado públicamente que el actual gobierno del Partido Popular pretende desmantelar estos servicios históricos para convertirlos en meros espacios de refuerzo escolar . La controversia ha escalado rápidamente, afectando tanto a la estabilidad laboral de los profesionales como a la calidad pedagógica del proyecto.
Los proyectos Pecera (orientado a niños de 6 a 12 años) y Akuario (para adolescentes de 12 a 16 años) no son simples servicios municipales; son considerados proyectos sociales pioneros e históricos en el municipio. Su misión principal ha sido siempre proporcionar un espacio seguro y compartido de ocio, cultura y formación, trabajando desde una perspectiva global e integradora para igualar las oportunidades de los menores más vulnerables de Alcobendas.
Sin embargo, según relata el concejal Mariano Cañas, el nuevo pliego de condiciones de la licitación adjudicada por el gobierno del Partido Popular parece marcar un punto de inflexión que, a juicio de la oposición, desvirtúa la esencia del servicio. El futuro de Pecera y Akuario se decidirá en gran medida en las próximas sesiones plenarias, donde se espera que el equipo de gobierno dé explicaciones sobre las modificaciones en los pliegos y la situación de la licitación.
El conflicto laboral: ¿Qué pasará con los trabajadores?
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en la situación de la plantilla. A pesar de que la normativa y el propio pliego de condiciones establecen la obligatoriedad de la subrogación de los trabajadores por parte de la nueva empresa adjudicataria, existe una preocupante falta de comunicación.
A escasos días de que comience a ejecutarse la nueva licitación, los empleados aún no han recibido confirmación oficial sobre su continuidad laboral. Esta situación ha llevado a Más Madrid Alcobendas a sospechar que el Ayuntamiento podría estar eludiendo este compromiso legal, dejando en el aire el sustento de profesionales que conocen profundamente la realidad social de los barrios en los que operan. La formación política llevará este asunto al Pleno municipal de esta semana para exigir respuestas directas y garantías para el mantenimiento del empleo.
De la integración social al «refuerzo escolar»
El cambio de modelo pedagógico es, quizás, el punto que más indignación ha despertado entre los actores sociales implicados. Desde la oposición se asegura que el gobierno local pretende desmantelar gran parte del servicio actual. «El PP quiere niños con un polo abotonado que les dé clases de refuerzo, que hagan los deberes de forma obediente y educados para agradar», afirma tajantemente el concejal Cañas.
- Suspensión de actividades estivales: Se denuncia que el Ayuntamiento planea suspender las actividades durante el verano, precisamente el periodo en el que las familias con menos recursos más necesitan alternativas de ocio y conciliación para sus hijos.
- Cambio de enfoque: Se critica que el nuevo proyecto desvíe el foco de la integración social para convertir los centros en espacios dedicados primordialmente a «hacer los deberes».
«El PP quiere niños con un polo abotonado que les dé clases de refuerzo, que hagan los deberes de forma obediente y educados para agradar»
- Crítica ideológica: Desde el partido político sostiene que esta es una decisión basada en la ideología, buscando sustituir un modelo que fomenta el pensamiento crítico y el inconformismo por uno basado en la obediencia y el refuerzo escolar rígido.
La polémica de los uniformes y el gasto público
Un detalle que ha llamado poderosamente la atención en el análisis de los nuevos pliegos es la partida presupuestaria destinada a la indumentaria de los trabajadores. Según Más Madrid, se ha desviado una cantidad significativa de fondos para obligar al personal a vestir un uniforme específico.
Este uniforme, descrito como pantalones tipo chino o faldas y camisas o polos con botones en colores blanco o azul, ha sido calificado por la oposición como propio de «azafatos de congresos», alejándose de la vestimenta funcional necesaria para realizar actividades socioeducativas con menores. Para el señor Cañas, es incomprensible que se priorice la estética y la uniformidad por encima de la calidad del servicio y el bienestar emocional de los chicos.
Denuncias de faltas de respeto a menores
La tensión ha escalado hasta el punto de incluir acusaciones graves sobre el trato directo hacia los usuarios. Algunos menores que participan en estos programas han asegurado haber recibido insultos por parte del propio concejal de infancia y su entorno. «No quieren proyectos educativos que fomenten que los niños piensen por sí mismos, tengan sueños y sean inconformistas», confirma el líder el partido político.
Estos supuestos incidentes habrían tenido lugar tras una recogida de firmas organizada por exmiembros de Pecera y Akuario durante la celebración del Día de la Infancia, con el objetivo de proteger la continuidad de los proyectos originales. Esta denuncia añade un componente ético y personal al conflicto político, elevando la preocupación de los padres y profesionales que ven cómo el clima de convivencia en estos espacios se deteriora
