La gestión del patrimonio municipal y la búsqueda de nuevas vías de financiación constituyen pilares fundamentales para la estabilidad económica de las administraciones locales. Y a veces también son un foco de problemas y sospechas sobre la gestión que se hace a nivel municipal por determinados gobiernos. En el reciente acta de la Junta de Gobierno Local de Alcobendas se han adoptado decisiones estratégicas que, según el Ejecutivo municipal de Alcobendas «no solo optimizan el uso de los bienes públicos, sino que aseguran ingresos recurrentes para las arcas municipales mediante el aprovechamiento de parcelas de titularidad pública».
Estas medidas se enmarcan en un plan de eficiencia administrativa y transparencia que busca rentabilizar el suelo urbano sin incurrir en costes adicionales para el presupuesto del consistorio de la ciudad. A pesar de que algunas de ellas son investigadas por la Fiscalía Anticorrupción como es el caso de la concesión demanial del Edificio de la calle Olímpica 4. De momento sigue por vía contenciosa sin saber como acabará
Nuevas fuentes de ingresos mediante concesiones demaniales
Una de las decisiones más relevantes tomadas por la Junta de Gobierno Local ha sido la aprobación del expediente para la concesión demanial de una parcela en Fuentelucha. Este proyecto contempla la construcción y explotación de un quiosco de hostelería y restauración en la parcela UP-13, una iniciativa que destaca por su capacidad de generar ingresos directos desde el primer momento de su puesta en marcha. Según los informes técnicos integrados en el expediente, la concesión del derecho de uso privativo sobre estos terrenos municipales se ha establecido con un carácter oneroso, lo que obliga al adjudicatario al pago de un canon anual.
El impacto económico puede ser positivo para el Ayuntamiento de Alcobendas y se cuantifica en unos ingresos mínimos anuales de 12.765 euros. Este importe se ha calculado aplicando un umbral del cinco por ciento sobre el valor total de los terrenos ocupados, cuya tasación asciende a doscientos cincuenta y cinco mil trescientos euros. Es importante subrayar que este procedimiento administrativo no supone gasto alguno para la administración pública, ya que la inversión para la edificación y la posterior gestión del servicio corre a cargo del concesionario privado. Además, el valor estimado del contrato a largo plazo es significativo, alcanzando los 363.802,5 euros al considerar un plazo de concesión de 25 años, prorrogables por otros cinco, y descontando los dieciocho meses previstos como periodo de carencia.
Gestión estratégica del patrimonio y eficiencia presupuestaria
La normativa vigente, concretamente el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece directrices estrictas sobre el destino de los fondos obtenidos mediante la enajenación o explotación de bienes patrimoniales. En este sentido, el Ayuntamiento de Alcobendas cumple con el precepto legal que impide destinar estos ingresos a financiar gastos corrientes, salvo en excepciones muy específicas relacionadas con parcelas sobrantes. Por ello, se ha encargado específicamente al Departamento de Patrimonio la programación detallada en el presupuesto del destino concreto que tendrán los fondos recibidos por esta nueva concesión y evitar los problemas que últimamente están surgiendo en este área.
Según el Ayuntamiento, este enfoque asegura que el beneficio económico derivado del patrimonio municipal se revierta en inversiones de valor para la ciudad, manteniendo una estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a largo plazo. La aprobación de estos expedientes por unanimidad de los asistentes a la junta refuerza el consenso político en torno a la necesidad de profesionalizar la gestión de los activos públicos. La utilización de procedimientos abiertos con pluralidad de criterios garantiza que la adjudicación no solo se base en la mejor oferta económica, sino también en la calidad técnica y el servicio que se prestará a los vecinos de zonas en expansión como Fuentelucha.
Inversión en infraestructuras y control de la contratación pública
Paralelamente a la captación de nuevos ingresos, el acta refleja una intensa actividad en la racionalización de los grandes contratos de servicios y obras. Un ejemplo destacado es el acuerdo marco para la rehabilitación de la calzada en el municipio para el periodo 2026-2029. Aunque este punto representa un compromiso de gasto y no un ingreso, su gestión desde la Delegación de Economía, Contratación y Patrimonio es vital para entender el equilibrio financiero municipal. Con un valor estimado de 18.400.000 euros, este acuerdo marco permite centralizar las actuaciones de mantenimiento, optimizando los precios mediante la competencia entre empresas y evitando la fragmentación de contratos.
La duración prevista de tres años, con opción a uno adicional, ofrece una visibilidad clara sobre las necesidades de tesorería y la planificación de las obras públicas. Al no requerir la aprobación de un presupuesto base de licitación previo para el acuerdo marco general, el ayuntamiento gana flexibilidad para ejecutar las obras según las prioridades que surjan en cada ejercicio, realizando la retención de crédito únicamente cuando se formalicen los contratos basados en dicho acuerdo. Todas estas actuaciones, desde la explotación de quioscos hasta la renovación de infraestructuras, demuestran un modelo de gestión que prioriza el orden administrativo y la legalidad, utilizando herramientas como el perfil de contratante para asegurar que toda la información patrimonial y económica sea accesible a la ciudadanía.
