A pesar de las investigaciones en contra del campo Golf Park en La Moraleja, el espacio sigue funcionando en la actualidad. Es que al recinto no parece haber llegado la noticia de la investigación de la Fiscalía contra el campo por el supuesto uso de pozos de agua ilegales y por la instalación del complejo en lo que es una zona verde pública, según la ordenanza municipal vigente.
En este panorama, el espacio mantiene su precio de siempre, unos 18 euros por el green durante el día, y ya anuncia tanto los cursos de golf como de pádel de primavera, que tienen precios que van desde los 199 euros hasta los 295 en el caso del campo de golf, y de 110 euros hasta 260 en el caso del pádel.
Es uno de los principales reclamos que se han hecho desde Ecología y Libertad desde que la asociación presentó la ampliación de la denuncia sobre el campo que opera la empresa. Que se está realizando una explotación privada de un espacio público, y esto sin que se pague la carga fiscal que viene de la mano de operar un espacio privado en una zona que debería ser pública. Según la agrupación, es un espacio que debería ser libremente utilizado por cualquier vecino sin pagar la entrada.
Pero de momento el espacio no se ha visto afectado por las denuncias ni por la investigación de la Fiscalía. Al visitarlo, se ve una rotación normal de usuarios que están aprovechando el buen clima de las fechas para ir «a golpear algunas bolas». Por ahora, el espacio espera que avance la investigación y que se defina finalmente si hubo un acto ilegal o con el riego del parque o cuándo fue aprobada la construcción del campo de golf, uno de los dos más conocidos de la zona.
LA DENUNCIA DE ECOLOGÍA Y LIBERTAD DEL AÑO PASADO
Lo cierto es que la denuncia hecha por Ecología y Libertad ha acabado por manchar no solo al espacio de Golf Park, sino también al Ayuntamiento de Alcobendas. La asociación ha asegurado que, cuando hizo la primera denuncia a principios del año pasado, no fue realizada la inspección sobre el espacio por el posible riego con pozos ilegales, y que desde el Ayuntamiento se ha hecho lo posible para que el espacio siga funcionando incluso si viola alguna ley.
Además, en el mes de septiembre, la asociación Ecología y Libertad, ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Alcobendas, envió una comunicación sobre el estado de tramitación de la denuncia a la subdirectora general de Inspección y Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid.
Ya para el 6 de octubre, los denunciantes habían recibido respuesta por parte de la Comunidad de Madrid, donde se aseguraba que se había recibido la comunicación original y se había trasladado el conocimiento de la misma al Ayuntamiento de Alcobendas. En el texto también se insiste en que se tomen las medidas de inspección y sanción que sean necesarias para que el espacio vuelva a ser de gestión pública.
EL AYUNTAMIENTO ASUME QUE GOLF PARK NO HA COMETIDO UN DELITO
Lo cierto es que desde el Ayuntamiento se ha insistido en que la empresa no ha cometido un delito urbanístico. Así lo confirma el documento enviado por la directora general de Urbanismo, Vivienda y Licencias de Alcobendas, María del Mar Morales Baeza.
«Como se ha puesto de manifiesto en el escrito de respuesta de fecha 17/11/2025, la actuación denunciada, consistente en implantación y desarrollo de un uso incompatible con la ordenación urbanística aplicable a la Zona Verde Pública VP-1 del Polígono 18 de Alcobendas, no es constitutiva de infracción urbanística. En consecuencia, no se han realizado actuaciones de inspección, ni se ha iniciado tramitación de expediente sancionador ni de restauración de la legalidad urbanística», sentencia el texto dirigido tanto a Ecología y Libertad como a la Comunidad de Madrid.
«Como se deduce con toda claridad de este escrito, el Ayuntamiento de Alcobendas, tras reconocer que la actuación denunciada por mi representada, consistente en la implantación y desarrollo por Golf Park Entertainment, S.L. de un uso incompatible con la ordenación urbanística de la Zona Verde Pública VP-1 del Polígono 18 de Alcobendas, concluye que no es constitutiva de una infracción urbanística y ello sin realizar las actuaciones de inspección a las que se encuentra obligado por ley», explica el texto de la denuncia.
