La complicada situación alrededor del campo de Golf Park en Alcobendas ha puesto los ojos también sobre los propietarios de la empresa. Lo cierto es que detrás de la compañía que habría instalado un espacio deportivo privado en una zona verde se incluyen varios nombres clave dentro del tejido empresarial español, según consta en el Registro Mercantil.
Entre ellos, el más importante puede ser el de Germán Manuel Gamazo Hohenlohe, quien según los datos del registro mercantil es dueño del 14,99 % de Golf Park Entertainment S.L de forma directa y de otro 6,99% a través de la empresa Valdecasillas S.L. Además, fue miembro del consejo de administración y socio de Acciona SA durante muchos años, y es el hermano y socio empresarial de Anna Gamazo, la mujer del conocido financiero y mecenas artístico Juan Abelló.
Aunque el propio Abelló no aparece en el listado de nombres que poseen parte del accionariado de Golf Park no debería sorprender la cercanía del caso a su familia por el alcance de sus tentáculos económicos; se trata, después de todo, de una de las 10 fortunas más grandes de España. Él y su familia son piezas clave de la industria farmacéutica española, y Gamazo es, junto a su esposo, una de las coleccionistas de arte más importantes del país.
Por su lado, German Manuel Gamazo Hohenlohe ha hecho su propia fortuna en el negocio inmobiliario y las consultorías. Es el dueño de la firma especializada Visum Advisors y entre sus negocios recientes está la venta, junto a su hermana, del edificio de la Calle Padilla 32 de Madrid por un total de 80 millones de euros. Pero los Gamazo no son las únicas figuras del mundo empresarial con vínculos a Golf Park.
LAS FAMILIAS RUBIO Y LEWIN Y JOAQUÍN CAYUELA TAMBIÉN ENTRE LOS PROPIETARIOS
La familia Rubio son, en conjunto, los principales accionistas de Golf Park con un 33,67 % del total, según datos del registro comercial. Su principal negocio es Capital Strategies, una multinacional de la distribución que se cuenta entre los mayores fondos del mundo. Con negocios en Europa, Estados Unidos, América Latina y Medio Oriente, con operaciones directas en España, Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos, Perú, Chile, Colombia, Brasil, Portugal, Israel o Inglaterra, entre otros. Esta empresa ha recaudado más de 20.000 millones de euros desde su creación.
Dos de sus hermanos, Javier y Cristina Rubio, son también socios de Capital Strategies. Mientras tanto la cuarta hermana, María Rubio, es Administradora de Talavera Seis S. L. una empresa con 2.630.330 euros de activo y 1.303.883 euros de capital social, según los datos registrales.
A la lista de propietarios se suma Joaquín Cayuela con un 31,46% de la empresa, según datos registrales. Conocido empresario del sector del pistacho. De hecho, es secretario de Pistamancha, una cooperativa ubicada en Castilla La-Mancha (la región que lidera el cultivo de este fruto seco en España). La cooperativa inauguró el año pasado una fábrica que permitirá procesar hasta dos millones de kilos de pistacho en verde, el equivalente a 660.000 kilos de pistacho seco comercializable.
Finalmente, la familia Lewin es dueña, a través de Ocio Time Invest S.L de un 12,89% de Golf Park, según el registro. Rodolfo Lewin ha trabajado por años en consultoras con SAP y PWC, además de ser dueño de su propia empresa de asesoramiento financiero, Lewin Consulting.
GOLF PARK INVESTIGADO POR LA FISCALÍA
La empresa ahora se enfrenta, junto al Ayuntamiento de Alcobendas, a una investigación por el supuesto uso de pozos de agua ilegales para el riego del parque y porque el mismo está instalado en una zona catalogada como Parque Natural. La denuncia fue interpuesta el verano pasado por la asociación Ecología y Libertad, quienes la ampliaron en el último trimestre del año.
Según se recoge en la primera denuncia entregada el 27 de agosto de 2025, dirigida directamente a la alcaldesa, Rocío García Alcántara, la parcela donde está ubicado el campo, la Zona Verde Pública VP-1, donde se sitúa el campo de Golf Park no tiene permiso para realizar actividades deportivas, según la actual ordenanza urbanística. Esto haría que la cesión de la parcela para su uso actual sea inviable, y que su continuo funcionamiento se traduzca en una «infracción urbanística muy grave», según el texto presentado por los denunciantes.
