La última sesión del pleno municipal de San Sebastián de los Reyes se ha visto envuelta en un clima de alta tensión tras las graves acusaciones vertidas por el concejal, Miguel Ángel Martín Perdiguero, contra el equipo de gobierno, especialmente contra Carlos Bolarín, Concejal de Seguridad, Fiestas, Turismo, Parques y Jardines, Movilidad y Transportes de San Sebastián de los Reyes. Lo que comenzó como un debate sobre la gestión de la Policía Local derivó rápidamente en una confrontación personal y judicial que ha dejado atónitos a los asistentes y a la opinión pública local. Martín Perdiguero, con un tono vehemente, denunció presuntas irregularidades en los procesos de oposición para el cuerpo de seguridad, afirmando que bajo el mandato actual se habría favorecido la entrada de familiares, amigos e incluso personas del entorno sentimental de los responsables políticos.
Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente descontento por la situación de la seguridad ciudadana. Según el concejal, la gestión de la Policía Local ha tocado fondo, por su parte Bolarín acusó que durante la gestión de Perdiguero hubo incidentes tan graves como un tiroteo durante las fiestas patronales que habría dejado heridos por arma de fuego. Según su relato, la respuesta política ante estos hechos no fue la asunción de responsabilidades, sino una estrategia de negación que, a su juicio, sólo ha servido para profundizar el descrédito de las instituciones municipales.
IRREGULARIDADES Y GESTIÓN BAJO SOSPECHA
A las acusaciones sobre el personal se sumaron denuncias por el supuesto abandono de infraestructuras y equipamiento de seguridad, por parte de Bolarín. Quién destacó el caso de un radar municipal que habría permanecido años sin uso en una empresa privada, así como lectores de matrículas y otro material tecnológico valorado en miles de euros que estarían almacenados en dependencias municipales sin ser operativos. Para el concejal, estos no son juicios de valor, sino «hechos» que conforman el legado de la anterior administración, a la que acusó de empujar a la Policía Local a un «pozo» de descontrol y falta de recursos.
La reacción del equipo de gobierno no quedó solo en eso. Carlos Bolarín, aludido directamente en las intervenciones, tomó la palabra para rechazar de plano las acusaciones, calificándolas de «calumnias». Con un gesto de evidente malestar, Bolarín anunció que no participaría en un debate sobre tales extremos en el foro del pleno, remitiendo la resolución del conflicto a las instancias judiciales. «Nos veremos en los tribunales», sentenció, dejando claro que el enfrentamiento ha traspasado la esfera de la dialéctica política para entrar en el terreno legal.
El intercambio final entre Martín Perdiguero y Bolarín fue especialmente tenso. El primero interpretó las palabras del responsable de seguridad como una amenaza directa, cuestionando públicamente si el «nos vemos fuera» proferido por Bolarín era una advertencia de carácter personal. Por su parte, la alcaldesa intentó mantener el orden en una sesión que por momentos parecía desbordarse por la pasión y la gravedad de las imputaciones. El ambiente en el salón de plenos, con una audiencia expectante, reflejaba la fractura política que atraviesa el municipio.
Este episodio eleva el tono de la crítica institucional a niveles de confrontación jurídica. Mientras Martín Perdiguero insiste en que su labor es denunciar lo que considera una «jeta» por parte de los gobernantes al gestionar los recursos públicos y el acceso al empleo municipal, el gobierno local se defiende apelando a la falsedad de las acusaciones y confiando en que la justicia ponga fin a lo que consideran una campaña de difamación sin fundamento. La ciudadanía, por su parte, observa con preocupación cómo la gestión de algo tan sensible como la seguridad local se convierte en el centro de una agria disputa judicial.
