El decreto de profesores de Madrid ya tiene horizonte: el curso 2027/28. Y en la puerta del IES Leopoldo Cano, en Alcobendas, la conversación de esta semana no era sobre la norma, sino sobre lo de siempre: qué pasa cuando un alumno insulta a un docente y el expediente se alarga más que el trimestre.
La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, presentó este 26 de octubre las líneas del futuro Decreto de Convivencia Escolar y Autoridad del Profesor. La intención declarada es que el centro pueda actuar de forma inmediata cuando los hechos y su autoría estén claros. Sobre el papel, suena bien. Sobre el papel.
Qué cambia de verdad cuando un alumno falta al respeto a un profesor
El texto en preparación define tres escalones: faltas leves, graves y muy graves, con las medidas correctoras asociadas a cada uno. Los centros conservarán margen para añadir conductas al apartado leve dentro de su autonomía, de modo que el reglamento de un instituto de Sanse no tiene por qué ser idéntico al del colegio de la calle de al lado.
El otro eje es la presunción de veracidad del relato docente. Es decir, que la palabra del profesor pese cuando el incidente y quién lo protagonizó no admiten discusión. Esta figura no nace de cero: ya figura en la Ley 2/2010, de 15 de junio, sobre autoridad del profesor, una norma que en la práctica se ha ido desactivando a base de trámites.
La novedad, por tanto, no es el principio, sino la promesa de acelerar el procedimiento para que la respuesta llegue en días y no en semanas. Ahí es donde los equipos directivos de la zona llevan años poniendo el dedo: el problema casi nunca es la norma, es el papeleo.
Un decreto que no fija plazos nuevos apenas cambia la vida de un jefe de estudios con el expediente encima de la mesa.
Lo que la Consejería todavía no ha contado
Faltan las piezas que de verdad importan. La información difundida este lunes por la Comunidad de Madrid no incluye el catálogo de infracciones, ni la relación de medidas por cada supuesto, ni cuáles son los trámites que se suprimen, ni los nuevos tiempos de respuesta. Todo eso deberá aparecer en el texto normativo, que aún no se ha publicado.
También queda por concretar el alcance fuera del aula. La Comunidad sitúa el foco en las actividades extraescolares, los servicios complementarios y el transporte, y añade las conductas en redes sociales. Es la parte más delicada: un comentario en una cuenta personal no convierte automáticamente al alumno en objeto de expediente, y la frontera entre lo que ocurre en el instituto y lo que ocurre en casa habrá que dibujarla con precisión.
En la práctica, para una familia de La Moraleja o de Sanchinarro con hijos en Secundaria, lo único tangible es el calendario: tramitación urgente, aplicación prevista para septiembre de 2027 y un periodo previo de formación en colegios e institutos. Nada cambia este trimestre. Pues eso.
El precedente que ya conocemos y por qué el calendario juega en contra
Quien lleve unos años en esto recuerda el patrón. La Ley 2/2010 se aprobó con el mismo argumento —reforzar la autoridad del docente— y dieciséis años después seguimos discutiendo cómo agilizar un expediente. En los institutos de la zona norte, la mayoría de los equipos directivos aún no tiene un circuito claro para resolver un insulto en menos de una semana. Y sin circuito, el decreto se queda en declaración de intenciones.
A eso se suma una contradicción de fondo. La Comunidad anuncia tramitación urgente y, en el mismo comunicado, sitúa la entrada en vigor en el curso 2027/28: prácticamente dos cursos por delante. El margen puede servir para formar a los claustros, cierto; también puede diluir el impulso si el texto llega descafeinado al BOCM. Un chaval que hoy está en 6º de Primaria en el Vicente Aleixandre estará empezando la ESO cuando esto se aplique, si se aplica.
Hay un tercer elemento que conviene mirar con lupa: los colegios privados de la zona —el American School of Madrid, Runnymede College, el Colegio Internacional de La Moraleja— no quedan sujetos a este decreto, porque su régimen disciplinario es propio. Muchas de sus familias comparten extraescolares y tardes de parque con alumnos de los centros públicos. La convivencia no entiende de titularidad. La norma, sí.
El hito real, por tanto, no es el anuncio de hoy. Es el día en que se publique el texto, se abra el trámite y se sepa qué se considera falta grave en un instituto de Alcobendas o de San Sebastián de los Reyes. Ahí, y no antes, los equipos directivos sabrán si esto les sirve de algo. Ya veremos.
📌 Aviso en el Tablón
- A quién afecta: Familias con hijos en centros públicos y concertados de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Sanchinarro y La Moraleja (IES Leopoldo Cano, IES Juan de Mairena, CEIP Vicente Aleixandre, Colegio San Gabriel) y, de refilón, a los equipos directivos que tramitan los expedientes.
- Cuándo entra en vigor: Curso 2027/28, según la previsión de la Comunidad. Antes hay que publicar el texto, cerrar la tramitación y formar a los claustros.
- Qué hacer: Seguir las publicaciones de la Consejería y del BOCM en las próximas semanas; mientras tanto, el reglamento interno de cada centro sigue siendo el que se aplica cuando hay un incidente en el aula.
Si en tu AMPA ya se está hablando del tema, cuéntanos qué dicen los tutores. Nos vemos en la puerta del colegio.
