La actualidad política en el municipio de Alcobendas se ha visto convulsionada en las últimas horas debido a una serie de denuncias públicas emitidas por el grupo municipal de Vox, que cuestiona frontalmente la gestión del Equipo de Gobierno del Partido Popular. La formación política ha puesto el foco en dos cuestiones estratégicas de alto impacto para la ciudadanía: la política fiscal aplicada en el mandato actual y la polémica ejecución de las pantallas acústicas en la autovía A-1.
Estas críticas, que han trascendido a la opinión pública mediante comunicados oficiales, dibujan un escenario de marcada tensión institucional. Mientras el Ejecutivo local defiende su hoja de ruta, la oposición plantea una confrontación directa basada en datos económicos y cronologías de gestión, exigiendo mayor transparencia y eficacia en la resolución de problemas que afectan directamente al bienestar y al entorno de los vecinos de las diversas urbanizaciones de la ciudad.
El debate sobre la presión fiscal: ¿Ahorro real o incremento recaudatorio?
El debate económico constituye uno de los ejes principales de la controversia. Según los informes y datos aportados por Vox, se habría producido un incremento exponencial en la recaudación municipal por impuestos y tasas durante los años de mandato del Partido Popular.
El grupo municipal de Vox, apoyándose en un análisis comparativo técnico entre la liquidación del presupuesto de 2023 —el primer ejercicio completo de la actual legislatura— y el presupuesto aprobado para el ejercicio de 2026, sostiene que la carga fiscal directa soportada por los ciudadanos ha experimentado un aumento de 37 millones de euros anuales.
Esta cifra choca frontalmente con los mensajes institucionales que la Alcaldesa, Rocío García Alcántara, y la Primera Teniente de Alcalde, Marta Martín, han transmitido recientemente a la ciudadanía. Según la postura oficial del Ejecutivo municipal, las nuevas medidas de ajuste, incorporadas en la modificación de las ordenanzas fiscales para 2027, tienen como objetivo aliviar la carga económica de los residentes.
«Exigimos una administración eficiente que permita mejorar en servicios públicos hasta alcanzar la excelencia»
No obstante, desde las filas de Vox se descalifica dicho planteamiento, tachando el ahorro previsto como «raquítico«, al estimar que apenas supondría unos 269.000 euros anuales de ahorro frente al incremento acumulado. En este contexto, el portavoz de Vox, Fernando Montenegro, ha manifestado su firme postura mediante declaraciones oficiales:
«Exigimos una administración eficiente que permita mejorar en servicios públicos hasta alcanzar la excelencia, pero reduciendo al máximo los impuestos, ya que el dinero está mejor y se utiliza mejor desde el bolsillo de los vecinos que desde la administración».
La formación opositora asegura haber registrado con anterioridad dos mociones en el Pleno con la finalidad de revertir lo que consideran un abuso recaudatorio. Según detallan, aunque dichas propuestas fueron aprobadas por la corporación, denuncian que el Gobierno local ha continuado con lo que llaman un «disimulo» presupuestario, evitando implementar una rebaja sustancial que realmente beneficie a las familias, autónomos, comercios y pequeñas empresas locales.
La polémica instalación de las pantallas acústicas en la A-1
Paralelamente al frente fiscal, el conflicto por las pantallas acústicas instaladas en la autovía A-1 ha generado un notable malestar social. Esta infraestructura, lejos de ser celebrada, ha provocado que numerosos residentes expresen su rechazo ante lo que califican como un impacto visual desproporcionado que altera la estética y la calidad de vida en las zonas residenciales cercanas.
Vox ha denunciado la existencia de una presunta «campaña de desinformación» por parte del equipo de gobierno municipal. Al analizar la cronología de los hechos, desde la formación señalan que el pliego técnico del proyecto fue entregado al Ayuntamiento en 2024, abriéndose un periodo para presentar alegaciones que, según denuncian, el Partido Popular no aprovechó, dejando vencer el plazo sin articular una defensa eficaz de los intereses vecinales.
«Es la historia de una actuación inexistente que pretenden tapar con notas de prensa y propaganda vacía»
La indignación aumenta al recordar que, a comienzos de 2026, el Partido Popular llegó a presumir públicamente de la instalación de estas pantallas, catalogándolas como una de las promesas cumplidas de su programa electoral y una inversión municipal relevante para la mejora urbana. Sin embargo, ante el rechazo vecinal una vez ejecutada la obra, el discurso institucional ha virado hacia la delegación de responsabilidades, argumentando que la competencia recae exclusivamente sobre el Ministerio de Transportes.
Esta aparente contradicción ha sido duramente atacada por el portavoz de Vox, quien percibe una falta de coherencia en la acción política: «Es la historia de una actuación inexistente en defensa de los vecinos que ahora, en vez de corregir y ponerse a trabajar con eficacia y sin pausa, pretenden tapar con notas de prensa y propaganda vacía«.
Para intentar reconducir la situación, Vox ha registrado una nueva moción para el próximo Pleno municipal. El objetivo es forzar al Gobierno local a abandonar la postura pasiva y emprender acciones técnicas que mitiguen el impacto visual de las pantallas, solicitando una interlocución rigurosa con el Ministerio para encontrar soluciones alternativas.
La situación actual en Alcobendas refleja una creciente desconfianza y un clima de polarización donde la eficiencia administrativa, el rigor fiscal y la gestión de las infraestructuras públicas se han convertido en los pilares centrales del debate. La ciudadanía permanece atenta a las respuestas del Gobierno local ante estas exigencias, aguardando acciones que demuestren un compromiso real con el alivio de la carga impositiva y la corrección de las deficiencias urbanísticas denunciadas. La transparencia y la capacidad de gestión en los próximos meses serán determinantes para definir el rumbo político del municipio.
