La noticia ha corrido por San Sebastián de los Reyes como la pólvora: el Ayuntamiento acaba de aprobar por unanimidad un expediente sancionador que contempla una multa de 3 millones de euros contra la empresa Álamos del Ardal S.L., la gestora del centro. La decisión, supone uno de los procedimientos sancionadores más contundentes impulsados por el Consistorio en los últimos años y responde, según fuentes municipales, a una serie de presuntos incumplimientos considerados de especial gravedad dentro de la gestión y explotación de las instalaciones.
La cuantía de la sanción ha generado un fuerte impacto tanto en el ámbito político como entre los vecinos de San Sebastián de los Reyes, ya que no es habitual que una administración local plantee una penalización económica de esta magnitud. Aunque la empresa todavía podrá presentar alegaciones e incluso recurrir la resolución por vía judicial, el expediente ya se ha convertido en uno de los asuntos más comentados de la política municipal y podría marcar un precedente en el control de concesiones y contratos públicos en la zona norte de Madrid.
La pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué una multa tan enorme?
La respuesta está bajo el propio edificio. El colegio El Ardal se construyó hace más de 30 años sobre una parcela catalogada como suelo no urbanizable de especial protección. La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid no da margen: en estas zonas verdes está prohibido levantar centros educativos, viviendas o comercios. No importa cuántos años llevara funcionando el colegio ni su labor social. La normativa regional no permite legalizar las obras a posteriori.
Desde 2002, el Ayuntamiento llevaba ordenando el cese de la actividad porque el centro carecía de la licencia urbanística y de actividad municipal. La consejería de Educación sí había autorizado el proyecto pedagógico, pero el permiso local nunca existió. Tras décadas de recursos, el pasado 27 de abril de 2026 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 15 de Madrid dictó sentencia firme confirmando que el precinto de la Policía Local era legal.
El detalle que esconde la sanción y que puede dejarla en 1,8 millones
Aquí viene el giro. La multa de 3 millones no es inamovible. La normativa estatal contempla reducciones importantes si la empresa admite la infracción y paga antes de que termine el expediente. Si Álamos del Ardal S.L. reconoce los hechos, la cuantía baja a 2.400.000 euros. Si además realiza el pago anticipado, el total se reduce a 1.800.000 euros, un 40% menos. Para beneficiarse de este descuento, deberá renunciar a presentar nuevos recursos por la vía administrativa.
La empresa tiene ahora 15 días hábiles para presentar alegaciones. El Ayuntamiento de Sanse, por su parte, dispone de un plazo máximo de seis meses para dictar la resolución definitiva (probablemente, a finales de 2026). Hemos consultado fuentes municipales y confirman que la cuantía inicial de 3 millones viene impuesta de forma automática por la ley autonómica: edificar en suelo protegido es una infracción urbanística muy grave.
La multa es enorme, pero el auténtico golpe para muchas familias es el cierre definitivo del colegio, que ya es firme.
Lo que este caso significa para cualquier vecino con un terreno en Sanse
Más allá del caso concreto, este expediente sancionador deja una advertencia clara para cualquiera que tenga un terreno en suelo no urbanizable protegido. En San Sebastián de los Reyes, al igual que en otros municipios de la zona norte como Alcobendas, hay amplias áreas verdes protegidas donde no se puede edificar. La diferencia aquí es que el colegio funcionó durante tres décadas con la apariencia de normalidad, con familias confiadas y trabajadores que ahora ven cómo la justicia da carpetazo definitivo.
El desenlace recuerda a otros conflictos urbanísticos locales, como el del antiguo restaurante en la Dehesa Boyal, aunque aquí la escala y la multa son mucho mayores. La ley ha sido tajante y no ha dejado resquicio para una solución intermedia. El Ayuntamiento, por su parte, ha actuado por unanimidad y sin margen político: una vez recibida la sentencia firme, abrir el expediente era un trámite obligado.
En definitiva, el caso del Ardal cierra un capítulo que llevaba décadas coleando. La multa millonaria es el último acto de una obra que nunca debió levantarse ahí. Para las familias, el drama va más allá del dinero: el colegio ya es historia. Para el resto de vecinos, queda la certeza de que en según qué suelo, la ley no perdona.
