El Ayuntamiento de Alcobendas ha lanzado una licitación por valor de más de un millón de euros para gestionar lo que técnicamente llaman ‘Programa de Tratamiento Familiar en Contextos de Desprotección Infantil’. No obstante, lo que los documentos a los que ha tenido acceso LA MORALEJA revelan es un complejo engranaje administrativo donde la protección social se está licitando como si se tratara de un servicio de limpieza, es decir, nada de humanización.
En este sentido, en los documentos, el expediente número 30/2026 se presenta como la solución a una necesidad urgente que es la de «detectar y realizar la valoración integral y atención personalizada en situaciones que puedan afectar negativamente al desarrollo adecuado de los niños, niñas y adolescentes». Asimismo, el pliego de condiciones administrativas revela una estructura donde el 80% del presupuesto se destina a costes directos, y tan solo un 52% corresponde a gastos de personal, es decir, los cuidadores.
Fuente: LA MORALEJA
LA PARADOJA DE LA CONTINUIDAD DE UN SERVICIO ‘VIEJO’
En este contexto, uno de los puntos más polémicos de la licitación se encuentra en la cláusula 4.1 del pliego administrativo de dicha licitación. Concretamente, en el documento se afirma que «no existe la subrogación del personal, puesto que el personal y la prestación del servicio no son nuevos«. Una afirmación que choca con la naturaleza de la intervención social, donde el vínculo y la confianza entre el terapeuta y la familia son la piedra angular de dicho servicio para que tenga éxito a corto/medio plazo.
Sin ir más lejos, si el servicio se considerase nuevo a efectos contractuales, las familias podrían enfrentarse a una ruptura abrupta de sus procesos terapéuticos, perdiendo a profesionales que ya conocen sus historias. Asimismo, el consistorio justifica esta decisión bajo la premisa de que se requiere que ‘una única licitadora asuma la gestión del Programa, para garantizar un sistema de gestión, atención e intervención eficaz, de calidad’.
BAJO LA BÚSQUEDA DE EFICACIA, SE PERCIBE UNA ESTANDARIZACIÓN QUE REALMENTE PREOCUPA A LOS VECINOS DE ALCOBENDAS
El objetivo de la licitación es prevenir y atender las situaciones de grave riesgo de desprotección infantil; un mandato legal que Alcobendas busca cumplir a través de una empresa privada por un importe total de 514.000 euros para los dos primeros años, con un valor estimado del contrato que asciende a 1.028.000 euros considerando prórrogas, si fuera realmente necesario.
LOS CRITERIOS DE VALOR EN LOS QUE SE BASA EL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN LA NUEVA LICITACIÓN
Lo que realmente están buscando desde el consistorio son equipos multidisciplinares capaces de navegar dentro de la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia. No obstante, la evaluación de las empresas se divide entre criterios que dependen de un ‘juicio de valor’ y aquellos valorables ‘de forma automática por aplicación de fórmulas’. Esta dualidad administrativa es la que genera la sensación de que la protección del menor se ha convertido en una partida de ajedrez.
Por un lado, se exige una prestación integral para evitar la fragmentación del servicio; pero, por otro lado, se imponen condiciones de ejecución que parecen sacadas de un manual de industria, como la gestión de suministros o la prohibición de subcontratación parcial para garantizar la ‘unidad de ejecución’. Asimismo, los documentos mencionan que el contrato por parte del Ayuntamiento de Alcobendas está sujeto a la ‘regulación armonizada’, lo que implica una fiscalización europea por su elevado importe.
Alcobendas se encuentra ante un reto mayúsculo. La licitación del programa de tratamiento familiar no es solo un trámite administrativo; es una declaración de principios sobre cómo la sociedad decide proteger a sus miembros más débiles. Los pliegos analizados demuestran un rigor técnico impecable, pero también una frialdad presupuestaria que corre el riesgo de convertir el amparo en un servicio de mercado.
