El nuevo barrio de Valgrande en Alcobendas promete 25.000 nuevos vecinos, más de la mitad de las viviendas con protección pública y 570.000 metros cuadrados de zonas verdes. Pero el proyecto acumula décadas de batallas judiciales, una anulación del Tribunal Supremo y una guerra abierta con los ecologistas que no está ni de lejos resuelta.
Alcobendas lleva décadas creciendo hacia arriba en renta y reputación, pero con un problema crónico de suelo y precio de la vivienda. En enero de 2025, el metro cuadrado se situó en 3.099 euros, con un aumento del 12,5% respecto al año anterior, una cifra que expulsa a jóvenes y clases medias del municipio con la misma eficacia que una orden de desahucio. Valgrande nació como respuesta a esa presión, aunque la respuesta lleva más tiempo fraguándose que algunas hipotecas.
Lo más revelador del proyecto no son sus cifras —que son mareantes— sino su historia. La idea de levantar un nuevo desarrollo urbanístico sobre estas parcelas nació a principios de siglo, después de pasar por diferentes manos en sucesivos consistorios madrileños. Ningún partido puede apuntarse en exclusiva el mérito ni el mérito ajeno: el PGOU de 2009 ya clasificaba este suelo como urbanizable, y desde entonces el proyecto ha sobrevivido a alcaldes del PP y del PSOE con idéntico entusiasmo. La actual alcaldesa, Rocío García Alcántara, solo ha tenido que cruzar la línea de meta de un maratón que otros empezaron y ella apenas ha reocrrido más allá de atribuirse méritos en su instagram.
El proyecto que sobrevivió al Tribunal Supremo: crónica de dos décadas y una anulación
El Pleno Municipal aprobó de forma definitiva el nuevo Plan Parcial con el apoyo de 26 de los 27 concejales de la corporación, una unanimidad política que resulta llamativa en tiempos de polarización. Solo Más Madrid votó en contra. El respaldo transversal de PP, PSOE y hasta Vox habla de un consenso amplio sobre la necesidad de construir, aunque los términos del debate sobre qué construir y para quién están mucho menos resueltos. El proyecto, recordemos, ya había estado a punto de naufragar antes de este último pleno.
El proyecto había sido aprobado inicialmente el 20 de agosto de 2024, y tras una sentencia del Tribunal Supremo en junio de 2025, que anuló el plan anterior por motivos procedimentales, se subsanó el defecto y se consolidó la validez del desarrollo. Traducción al castellano: el Supremo no dijo que el barrio no podía construirse, sino que había un defecto de forma en la evaluación ambiental de un elemento concreto. La tramitación del nuevo plan se resolvió en cinco meses desde que el. Para los promotores, un sprint burocrático récord. Para los ecologistas, una señal de que el ayuntamiento lleva décadas sacándose conejos de la chistera para sacar adelante el mismo proyecto.
8.600 viviendas y el espinoso debate de la vivienda protegida: ¿para quién es realmente Valgrande?
De las 8.600 viviendas previstas, el 54% serán de protección pública (4.638 unidades) y el 40% se levantarán sobre parcelas municipales cedidas por el Ayuntamiento. Sobre el papel, es una cifra generosa: más de la mitad del nuevo barrio quedaría fuera de los precios de mercado libre. Pero hay un matiz que conviene no tragarse sin masticar: protección pública no es sinónimo de vivienda social, y los precios de las VPP en la zona norte de Madrid no son precisamente los de un barrio periférico de provincias. La horquilla entre lo que se llama protegido y lo que puede pagar un joven alcobendense de renta media está más abierta de lo que sugieren los comunicados municipales.
El concejal Mariano Cañas, de Más Madrid, asegura que esto es un desarrollo impulsado por grandes promotoras que buscan maximizar beneficios y que «no ayuda a los vecinos». Su argumento más duro es el de la movilidad: afirma que «se van a meter 30.000 vecinos en un espacio todo junto donde no hay salidas ni accesos, ni han proyectado transporte público como el metro o cercanías, ni nuevas salidas a las carreteras de circulación». El Ayuntamiento responde con el soterramiento parcial de la M-616 y un diseño viario que promete descongestionar la zona. La pregunta es si esas promesas aguantarán el empuje de 25.800 nuevos habitantes volcándose en unas vías que ya sufren atascos recurrentes.
La guerra verde: el último pulmón de Alcobendas contra el hormigón
Ecologistas en Acción denuncia que la urbanización de Los Carriles supone el sacrificio del último gran espacio verde de la ciudad: una dehesa de 217 hectáreas que actúa como corredor ecológico esencial hacia espacios protegidos como el Monte de El Pardo, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y el Monte Dehesa Boyal. El argumento no es solo sentimental: la biodiversidad de la zona incluye polinizadores y aves rapaces protegidas. El águila calzada, el buitre negro y el milano real emplean este espacio como área de campeo. No exactamente fauna que suela convivir bien con grúas y camiones de hormigón.
Los ecologistas señalan también que el nuevo plan contempla la construcción de 860 chalés de lujo junto al Monte Valdelatas y una montaña artificial de hasta 23 metros —equivalente a un edificio de seis plantas— para ocultar una línea de alta tensión. Esta colina artificial fue precisamente el punto débil que el Tribunal Supremo señaló en su sentencia de anulación. Los promotores argumentan que el proyecto incluye más de 50 medidas de sostenibilidad, que el arbolado afectado será repuesto según la Ley de Arbolado Urbano y que el ámbito pasará de 2.555 árboles a más de 6.700. Convencer a un águila real de que el nuevo parque es un sustituto aceptable de una dehesa centenaria es, ya se sabe, harina de otro costal.
Smart city en el norte de Madrid: tecnología, zonas verdes y un cronograma muy optimista
El barrio prometido incluye recogida neumática de basuras, placas solares, baterías virtuales, alumbrado LED, estaciones de recarga eléctrica y regeneración de aguas residuales. Valgrande quiere convertirse en un referente de ciudad inteligente y sostenible en la Comunidad de Madrid. En cuanto a espacios verdes, se reservarán 570.000 metros cuadrados para zonas verdes, lo que supone el 27% de la superficie total, con dos grandes parques, cada uno equivalente a seis veces el Parque de Andalucía de Alcobendas. Si se cumple, el nuevo barrio tendrá más verde por habitante que muchos distritos consolidados de Madrid capital.
El calendario es ambicioso y, en urbanismo español, los calendarios ambiciosos suelen ser eso: ambiciosos. La hoja de ruta prevé el desbroce y preparación del terreno esta primavera de 2026, la aprobación de los proyectos de urbanización antes de final de año, el inicio del movimiento de tierras en 2027 y la comercialización de las primeras viviendas a partir de ese mismo año. Los primeros vecinos podrían entrar en sus casas a partir de 2030. Un plazo que, sumado a las dos décadas ya transcurridas desde que se concibió el proyecto, da para reflexionar sobre la velocidad del urbanismo en este país. Y aún así, con todo el escepticismo del mundo, en 2030 o en 2031 habrá familias abriendo la puerta de su primera vivienda propia en Valgrande. Eso, al menos, es difícil de discutir.
El debate que Alcobendas no puede esquivar: ¿desarrollo necesario o pelotazo del siglo XXI?
Rafael Olabarri, presidente de la Junta de Compensación, ha calificado Valgrande como no solo el mayor desarrollo de la historia del municipio, sino uno de los mayores de España, con una inversión de 2.300 millones de euros y la generación de cerca de 4.000 empleos directos durante la construcción. Para el consistorio, el proyecto es la respuesta estructural a la crisis de vivienda del norte metropolitano, donde la demanda lleva años superando con creces a la oferta y los precios han convertido en quimérica la emancipación de toda una generación.
Ecologistas en Acción y la Plataforma Salvemos Los Carriles consideran que el argumento de la vivienda asequible es «totalmente engañoso» y que la mayoría de las nuevas viviendas serán de lujo o inasequibles para la población. La tensión entre estas dos lecturas —la del desarrollo necesario y la del pelotazo encubierto— no se resolverá con titulares ni con ruedas de prensa. Se resolverá cuando en 2030, o cuando sea, se sepa a qué precio real se venden esas viviendas y quién puede comprárselas. Mientras tanto, Alcobendas lleva el acelerador pisado y, como suele ocurrir en esta clase de proyectos, lo único seguro es que nada saldrá exactamente como lo que prometió el folleto.
