Los problemas del Ayuntamiento de Alcobendas por la denuncia de Ecología y Libertad contra el campo de Golf Park no se acaban. No es solo que la denuncia asegura que el campo opera en una zona pública, lo que lo hace ilegal de origen, sino que en la ampliación de la misma comparten un comunicado firmado por la directora General de Urbanismo, Vivienda y Licencias, María del Mar Morales Baeza, en el que se negaban a realizar la inspección solicitada tras la primera denuncia por extracción ilegal de agua para el riego del parque.
«Como se ha puesto de manifiesto en el escrito de respuesta de fecha 17/11/2025, la actuación denunciada, consistente en implantación y desarrollo de un uso incompatible con la ordenación urbanística aplicable a la Zona Verde Pública VP-1 del Polígono 18 de Alcobendas, no es constitutiva de infracción urbanística», se lee, textualmente, en el correo con el que la directora ha contestado tras la denuncia. «En consecuencia, no se han realizado actuaciones de inspección, ni se ha iniciado tramitación de expediente sancionador ni de restauración de la legalidad urbanística», sentencia Morales Baeza.
Para Ecología y Libertad esto es motivo suficiente para señalar al Ayuntamiento y a varios de sus miembros. Para ellos esta negativa se puede considerar como hechos imputables contra el concejal de Urbanismo, arquitecto municipal, secretario municipal y alcaldesa del Ayuntamiento de Alcobendas. «Y, ello, por impedir deliberadamente la realización de las inspecciones oportunas y adoptar las medidas tendentes a interrumpir la infracción urbanística (tipificada como muy grave) que implicaba que la mercantil Golf Park Entertainment, S.L. hiciera uso de una Zona Verde Pública para una actividad privada de Campo de Golf (lo cual constituye un uso prohibido en la Zona Verde de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas)», sentencia el texto de la ampliación de la denuncia dirigida a la Fiscalía de Medio Ambiente.
El texto de la denuncia recuerda que estas inspecciones son obligatorias cuando un Ayuntamiento recibe una denuncia de un hecho constitutivo de una infracción urbanística. Recuerdan que en este caso la más grave puede ser la instalación de un espacio deportivo de uso privado en una zona de uso público sin permiso de actividades deportivas. Ecología y Libertad presentaron ante el Ayuntamiento de Alcobendas un escrito el 27 de agosto de 2025 en el que instaban al Consistorio a que le comunicara qué concretas actuaciones e inspecciones habían sido realizadas en este sentido.
«A la vista de lo expuesto, los indicios denunciados son ahora hechos denunciados: el concejal de Urbanismo, la directora general de Urbanismo, Vivienda y Licencias, el arquitecto municipal, el secretario municipal y la alcaldesa del Ayuntamiento de Alcobendas son autores, presuntamente, de un delito de prevaricación urbanística (ART. 320 CP)», sentencia el texto de la denuncia del 19 de noviembre de 2025.
LA DECISIÓN DE NO REALIZAR LA INSPECCIÓN PONE EN JAQUE AL AYUNTAMIENTO
La decisión del Ayuntamiento de Alcobendas de no realizar la inspección fue comunicada a los denunciantes el pasado 17 de noviembre de 2025, y Ecología y Libertad solo tardó dos días más en presentar el segundo documento de ampliación de la denuncia en la Fiscalía. Es una decisión que ha llevado a que la organización pida una investigación directa tanto de miembros del Ayuntamiento como de la empresa dueña del espacio, Golf Park Entertainment S.L.
Los denunciantes defienden que la negativa a la realización de la inspección y la aprobación de la instalación del campo de Golf Park son «constitutivos de un delito de prevaricación urbanística (artículo 320 CP)» y solicitan que, «se una a las Diligencias de Investigación Preprocesal n.º 683/25 iniciadas y, con ampliación de las mismas, se proceda contra quienes resulten responsables conforme a Derecho».
EL GOLF PARK Y LOS RECLAMOS ECOLOGISTAS
La situación del campo de Golf Park se transforma en un auténtico dolor de cabeza y en un laberinto legal complejo para el Ayuntamiento. La negativa a realizar la inspección ha generado nuevas sospechas de los denunciantes, los deja en posición incómoda y los obliga a esperar por la decisión de la fiscalía. Además, la insistencia demostrada por Ecología y Libertad deja claro que no es un problema que puedan barrer de un día para otro bajo la alfombra.
La posición de los denunciantes ante la inacción del Ayuntamiento, tanto ante el posible delito por extracción ilegal de aguas como por la implantación de un espacio de explotación privada para actividades deportivas es que ambas tienen un fin claro: permitir, contra la ley, que la empresa Golf Park Entertainment S.L. pueda ejercer su actividad en la ubicación actual en que se encuentra.
