El campo de golf de La Moraleja vuelve a estar en el punto de mira por el agua que utiliza para mantener su césped verde. Varios colectivos ecologistas denuncian que el complejo seguiría regándose de forma irregular con agua de alta calidad —incluida agua potable o subterránea no autorizada— mientras el Canal de Isabel II se resiste a hacer públicos los datos de consumo de los campos de golf madrileños.
Denuncias ecologistas y Fiscalía en marcha
Las organizaciones agrupadas en la Plataforma Ecologista Madrileña sostienen que el campo de golf de La Moraleja continúa empleando recursos hídricos más allá de lo permitido por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Según sus cálculos, las necesidades de riego del complejo rondarían los 29.000 metros cúbicos anuales, mientras que la autorización oficial para extraer agua de pozo se limita a 7.000 metros cúbicos. Esa brecha alimenta la sospecha de pozos ilegales o incluso conexiones encubiertas a la red de abastecimiento del Canal.
La denuncia ya está en la Fiscalía de Medio Ambiente, que ha abierto diligencias para determinar si Golf Park —la empresa que explota parte del complejo— ha incurrido en un posible delito ambiental por captaciones irregulares y uso indebido de agua de excelente calidad en plena crisis hídrica. Los ecologistas también apuntan responsabilidades políticas, señalando al Ayuntamiento de Alcobendas por una supuesta falta de control sobre unas instalaciones ubicadas en parte sobre suelo municipal.
Agua reciclada ordenada… pero nunca utilizada
La historia del agua de este campo viene de lejos. Cuando se autorizó el proyecto, a finales de los noventa, la Comunidad de Madrid dejó claro que la solución definitiva debía ser el uso de aguas regeneradas procedentes de la EDAR de Arroyo de la Vega. Esa obligación se reiteró en informes posteriores, incluido uno de 2014 que insistía en conectar el riego del campo a la depuradora.
Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Tajo asegura que no consta ninguna autorización para emplear aguas regeneradas de esa EDAR ni de ninguna otra en el complejo de La Moraleja. En su lugar, los técnicos detectaron durante una inspección que el único pozo legal existente se utilizaba para regar parcelas distintas a las autorizadas, lo que ha motivado la apertura de un expediente sancionador. Los ecologistas denuncian que, en la práctica, se ha consolidado un modelo de riego basado en extracciones subterráneas y agua de alta calidad en lugar de reutilizar agua depurada.
Opacidad del Canal de Isabel II y conflicto por la transparencia
El conflicto con el Canal de Isabel II es otro de los ejes de la polémica. Desde 2003, organizaciones ecologistas vienen reclamando los datos de consumo de agua —tanto potable como regenerada y subterránea— de los campos de golf de la región, sin éxito. En 2023, el Consejo Regional de Transparencia dictó una resolución que obligaba al Canal a entregar la información detallada de los volúmenes derivados, consumidos y facturados en los 29 campos de golf madrileños, diferenciando origen del recurso.
Lejos de cumplir, el Canal decidió recurrir la resolución ante los tribunales contencioso-administrativos y continuar sin publicar esos datos. Asociaciones como Ecologistas en Acción y Ecología y Libertad denuncian que el nuevo Consejo de Transparencia —dependiente directamente del Gobierno regional— tampoco está presionando para que se cumpla la obligación de informar, lo que mantiene en la sombra el volumen real de agua que se destina a estas instalaciones de ocio en plena Comunidad de Madrid.
Golf y agua en Madrid: un modelo bajo sospecha
El caso de La Moraleja es, para los ecologistas, el ejemplo más mediático de un problema estructural: el consumo de agua de los casi 30 campos de golf madrileños. Las organizaciones recuerdan que el riego de estos recintos se clasifica como uso industrial no prioritario, situado en los tramos más bajos de la escala de preferencia frente al consumo humano, la agricultura o los ecosistemas.
Los colectivos calculan que, en total, estas instalaciones podrían estar utilizando al menos 8,6 hectómetros cúbicos de agua al año, cifra que consideran elevada en un contexto de sequías recurrentes y restricciones en otras actividades. Por ello exigen al Canal y a la Confederación que publiquen de forma desagregada los consumos autorizados y reales de cada campo, así como las sanciones impuestas cuando se detectan pozos no inscritos o usos de agua no contemplados en las concesiones.
La patronal del golf y algunas federaciones sostienen, en cambio, que la mayoría de campos ya riegan con aguas regeneradas y que el porcentaje de agua potable empleada es mínimo, aunque reconocen que no existen datos públicos completos que permitan contrastar esa afirmación. Mientras tanto, la investigación sobre el campo de La Moraleja sigue abierta, y el debate sobre si es razonable mantener praderas de golf de primera categoría con agua de calidad en plena crisis climática continúa lejos de cerrarse.
