Alcobendas, municipio acomodado del norte de Madrid, se encuentra atrapado en una paradoja de la basura. A pesar de contar con uno de los contratos de limpieza y recogida de residuos mejor dotados, sus calles, plazas y contenedores se han convertido en el escenario de una queja vecinal persistente y en el arma arrojadiza por excelencia de la oposición política. El foco de este conflicto no es otro que Acciona, la poderosa multinacional adjudicataria de la contrata de limpiezas de la ciudad, a la que se señala como la responsable de un servicio que, sencillamente, no está a la altura de la inversión.

La polémica no es nueva, sino la culminación de un proceso tortuoso. Acciona se hizo con el contrato tras un largo y complejo litigio judicial que se extendió durante más de tres años y medio, paralizando la necesaria actualización de los medios. Una vez en el ruedo, y superada la etapa de la anterior concesionaria, la expectativa de una limpieza impecable se diluyó. La oposición municipal, de forma casi unánime, no deja de exhibir la suciedad enquistada en el mobiliario urbano, el hedor en determinadas zonas por la falta de baldeo riguroso y los contenedores desbordados como la prueba del fracaso en la gestión. Vox y PSOE están presionando al consistorio de la ciudad con este tema de manera persistente.

CRÍTICAS EN LA GESTIÓN DE LA BASURA

La crítica central que se cierne sobre la compañía es el incumplimiento en la dotación de medios. No se trata solo de la calidad del servicio, sino de la cantidad: la oposición insiste en que Acciona opera con una plantilla de personal insuficiente y con una flota de vehículos y maquinaria que no alcanza lo comprometido en los pliegos de condiciones. Este déficit estructural se traduce en una limpieza superficial, incapaz de abordar los problemas crónicos de una ciudad con alta densidad de población y un importante distrito empresarial que exige un mantenimiento constante.

La respuesta del gobierno local a este clamor popular ha sido, en ocasiones, la modificación del propio contrato, inyectando más fondos para obligar a la empresa a incrementar los recursos. Recientemente, se ha anunciado una inversión adicional que se suma a anteriores ampliaciones económicas, buscando que Acciona finalmente despliegue la capacidad operativa que se espera. Estas inyecciones de capital, sin embargo, son percibidas por los partidos críticos como un parche ineficaz y un reconocimiento tácito de que el control sobre la concesionaria ha sido débil.

Este contexto de caos en la recogida de residuos es especialmente sensible si se mira el historial de la propia Acciona en otros municipios. En lugares como Coslada, la misma empresa, en UTE con otra compañía, fue objeto de una penalización millonaria por incumplimientos graves y reiterados en la dotación de personal y materiales. Esta sombra de incumplimiento proyecta dudas sobre si los fallos en Alcobendas son problemas puntuales o un patrón de operar que prioriza el ahorro de costes por encima del cumplimiento de las exigencias contractuales, incluso a costa de la imagen de la ciudad.

El meollo del asunto para la ciudadanía es la falta de correspondencia entre el elevado coste que el Ayuntamiento destina a la contrata y el resultado visible en la calle. Mientras el ejecutivo municipal defiende la inversión como una medida para forzar la mejora, la oposición demanda firmeza sancionadora. Señalan que la única vía real para reconducir el servicio es la aplicación de multas ejemplares que realmente disuadan a la multinacional de persistir en las deficiencias, en lugar de recurrir a sucesivas ampliaciones presupuestarias que acaban premiando, indirectamente, la desidia operativa de la empresa. En Alcobendas, el contrato de la basura ha dejado de ser un asunto administrativo para convertirse en una verdadera crisis de gestión urbana, con Acciona en el centro de la polémica.