El pasado mes de abril entraba en vigor la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que impone
una nueva tasa de basuras a todos los ayuntamientos de España de más de 5.000 habitantes. Si bien, el Ayuntamiento de Alcobendas mostró su rechazo repetidamente y solicitó a Moncloa, sin respuesta positiva, que, modificara, derogara o estableciera excepciones a la Ley.
En este sentido, dicha tasa es un tributo municipal sujeto a regulación nacional y de carácter obligatorio, conforme al artículo 11.3 de la Ley 7/2022, de ocho de abril. Se aplicará a todas las viviendas y locales comerciales, y tiene como objetivo financiar el servicio público de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos urbanos. No obstante, aunque Alcobendas había mostrado su rechazo político y administrativo a esta imposición, finalmente deberá aplicar el tributo por mandato legal, ya que el plazo máximo de cumplimiento vence en abril de 2025.
Asimismo, dicha normativa significa que el cobro no depende de la voluntad de cada Ayuntamiento, sino que responde a una normativa de ámbito estatal. El hecho imponible se considera producido por el simple hecho de que el servicio esté disponible, incluso aunque el usuario no lo utilice, de modo que se trata de un servicio público de recepción obligatoria.
LA AFECTACIÓN DE LA TASA DE BASURA A LOS CIUDADANOS DE ALCOBENDAS
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico será el encargado de supervisar el cumplimiento de la Ley 7/2022 en todos los municipios. El incumplimiento podría acarrear sanciones económicas para el Ayuntamiento, motivo por el que Alcobendas ha decidido finalmente proceder a su aplicación. La entrada en vigor de la tasa de basuras supone un nuevo desafío para la gestión municipal. Alcobendas, que históricamente ha destacado por su estabilidad económica y su baja presión fiscal, afronta ahora la necesidad de aplicar un tributo impopular, pero de cumplimiento obligatorio.
No obstante, durante todo 2024, el equipo de Gobierno de Rocío decidió no anticipar ningún cobro, evitando así una carga fiscal estimada en más de nueve millones de euros para los vecinos. Aun así, el Ayuntamiento de Alcobendas confirma que, por obligación legal, deberá comenzar a girar los recibos a partir de noviembre de este año.
Los vecinos recibirán en noviembre la notificación individual del nuevo tributo, obligatorio por la Ley estatal 7/2022
En este sentido, el primer año de aplicación será 2025, con notificación individual a cada vecino durante el mes de noviembre. En dicha notificación se detallará la cuota a pagar, el plazo de ingreso y los medios disponibles para efectuar el pago. Si bien, ese primer ejercicio no será posible domiciliar el pago, aunque el Ayuntamiento ofrecerá varias vías presenciales y electrónicas para facilitar la gestión. A partir de 2026, los recibos podrán domiciliarse con un descuento del 2%, y los contribuyentes también podrán acogerse al plan de pagos APLAZA 6, que permitirá fraccionar la tasa con una reducción del 1%. Los pagos domiciliados se realizarán entre el 1 de septiembre y el 20 de noviembre de cada año.
En cuanto al cálculo de la tasa, combina dos componentes. El primero es una cuota fija que cubre el coste estructural mínimo del servicio, y en segundo lugar, una cuota variables que depende de la generación estimada de residuos y de la superficie del inmueble. Concretamente, para viviendas residenciales, la cuota fija será de 21,58 euros anuales, y en el caso de locales y establecimientos comerciales, la cuota fija asciende a 81,94 euros. La parte variable se calculará multiplicando la superficie construida por un coeficiente de generación de residuos, diferente según los distritos del municipio. Esta metodología busca que el pago sea proporcional a la capacidad económica y al volumen estimado de residuos generados.
LOS PROBLEMAS POLÍTICOS DE DICHA NORMATIVA
En este contexto, en marzo de 2024, el Pleno municipal de Alcobendas debatió la posición del municipio ante esta medida. En esa sesión, el Ayuntamiento aprobó una moción presentada por el Partido Popular para manifestar su oposición a la tasa, con el apoyo de Vox y Futuro-Cs. Los grupos del PSOE y Más Madrid votaron en contra de la moción, defendiendo la necesidad de cumplir con la ley y de avanzar en materia medioambiental. La resolución aprobada solicitaba formalmente al Gobierno central que revisara la obligatoriedad de la tasa y permitiera a los ayuntamientos con buena salud financiera decidir libremente su modelo de financiación.
El Ayuntamiento de Alcobendas cerró 2024 con deuda cero, tras amortizar 21 millones de euros en apenas 18 meses. Según la alcaldesa, Rocío García Alcántara, esta situación financiera permite que la ciudad afronte sus servicios sin recurrir a nuevas cargas fiscales. En su carta remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la regidora defendía que “los municipios con cuentas saneadas deben tener libertad para decidir cómo financiar sus servicios, sin imposiciones del Estado”. Además, recordaba que Alcobendas fue destacada por el Instituto de Estudios Económicos como la gran ciudad con menor presión fiscal de la Comunidad de Madrid en 2024, fruto —según el informe— de una gestión “estable y eficiente”.
